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Por Adriana Noriega R.    

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el posicionamiento del Gobierno Federal en torno a el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado este jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual lo calificó como  un ejercicio unilateral.

En un comunicado la secretaria de relaciones exteriores puntualizó que “No obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el Gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión”.

Y finalizó que “México reitera su indeclinable compromiso con la protección de los derechos humanos en nuestro país y el Estado reconoce los retos actuales y reafirma su voluntad de continuar intensificando sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia”.

Previo a esta respuesta de la cancillería mexicana, el Departamento de Estado, a través de su informe anual sobre derechos humanos señaló que la corrupción y abusos por parte de la Policía y las fuerzas armadas, que en muchos casos quedan impunes, son las principales violaciones de los derechos humanos registradas en México en 2014,

 

El Departamento de Estado también destaca el suceso de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el estado central de México, donde 22 civiles murieron a manos de militares, «algunos supuestamente después de rendirse».

 

Grupos del crimen organizado «también fueron responsables» de muchos asesinatos similares, «a menudo con impunidad y coaligados con funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad», afirma el informe.

 

El documento también indica que la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y organizaciones de la sociedad civil informaron de problemas adicionales de derechos humanos.

 

Entre ellos, menciona «malas condiciones en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, abuso de migrantes, violencia doméstica, tráfico de personas» y «abuso de personas con discapacidades».

 

Cita, en concreto, «la implicación de la Policía y los militares en graves abusos, como asesinatos ilegales, tortura, desapariciones y abusos físicos» a lo largo del periodo estudiado, el año 2014.