• Verónica Juárez, pidió hacerle modificaciones con base en las reservas que el Grupo que coordina presentará antes de su votación
• Reiteró que no contribuye a cambiar la realidad de injusticia en el país, por lo que debe ser corregido
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El GPPRD en la Cámara de Diputados, en voz de su coordinadora, Verónica Juárez Piña, anunció su voto contra el dictamen por el que se reforma el marco jurídico de la Fiscalía General de la República (FGR) porque violenta los derechos de las víctimas en lugar de contribuir a procurarles justicia.
Al posicionar a su bancada durante la discusión y votación de este dictamen, la dirigente perredista señaló que su grupo no lo puede avalar porque agrede a quienes han sufrido por la indolencia e inmovilidad de las autoridades, ignora la nueva realidad procesal del país y porque, en sentido contrario a los Derechos Humanos, genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica.
“El presente es un proyecto que no responde a la realidad de la criminalidad en nuestro país y que sigue pensando en términos arcaicos y obsoletos, violando con ello la propia reforma constitucional que le dio vida”, puntualizó.
Lo calificó como un proyecto diseñado a imagen y semejanza de un fiscal que no ha entendido lo que significa su autonomía en beneficio de las víctimas, para lo cual debiera colaborar con todas las instituciones del Estado Mexicano.
Lamentó que la Cámara de Diputados renuncie a sus facultades de cámara revisora de que le envió la Cámara de Senadores y anunció la presentación de reservas a fin de que sea corregido este dictamen.
Con tales reservas -dijo- se busca atender los reclamos y preocupaciones de víctimas, académicos, organizaciones civiles y representantes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, mismas que, hasta ahora, han sido ignoradas por la mayoría en esta Cámara.
Confió en que esta mayoría sea ahora sensible ante esas reservas “y que podamos avanzar en incorporarlas al dictamen con el objeto de coadyuvar en la garantía del derecho de acceso a la justicia de todas y todos en nuestro país, particularmente de aquéllos que, víctimas de la criminalidad, son revictimizados por el Estado que debiera protegerlos”.
Reconoció que la Ley Orgánica de la FGR que esta misma Legislatura aprobó al inicio de su gestión hace dos años -y que será sustituida por la Ley de la FGR con este dictamen- no cumplió con las expectativas para que, finalmente, muchos hombres, mujeres, niñas y niños, tuvieran acceso a un país más justo, como ha propuesto históricamente la izquierda democrática.
La legisladora federal por Jalisco consideró que el nuevo marco jurídico de la FGR debiera responder a las altas expectativas de una sociedad profundamente lastimada y a la que el titular de la misma, en vez de responder disminuyendo la impunidad y generando seguridad jurídica, responde postrándose ante quien lo nombró desde Palacio Nacional
Destacó que la impunidad en México ronda el 98% para los delitos en general y casi el 100% en los delitos de violencia contra las mujeres.
Por ello, en muchas ocasiones, mujeres y hombres desesperados por el abandono en que se encuentran, optan por tomar las armas y buscar la justicia por mano propia.
“Así, hemos visto linchamientos, tanto de delincuentes como de inocentes que, arrasados por la turba, mueren a manos de Fuenteovejuna, sin ningún responsable, cuando los responsables se encuentran en oficinas burocráticas, redactando oficios sin procurar justicia”, denunció.
Reiteró que el dictamen en discusión no contribuye a cambiar esta realidad de injusticia, por lo que debe ser corregido.