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Las y los legisladores que integran la Segunda Comisión, que preside el senador José Erandi Bermúdez Méndez, aprobaron que la Comisión Permanente reconozca y felicite a la delegación mexicana de atletas, por su desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el dictamen, los legisladores exhortaron a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan los programas de apoyo para los deportistas, con la finalidad de garantizar el bienestar integral en sus carreras.

Senadores y diputados subrayaron que es fundamental reconocer el empeño y dedicación que los deportistas mexicanos hicieron, pues es necesario tener una ardua preparación física y mental para posicionarse como representantes deportivos de nuestro país en estas competencias internacionales.

Además, puntualizaron, es importante fortalecer el apoyo a los atletas, para que así puedan alcanzar su máximo potencial.

Posteriormente, aprobaron un dictamen mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, ante la cantidad de alumnos rechazados en los exámenes de admisión para ingresar a las universidades públicas, examinen las opciones para atender esa demanda.

Para ello, agregaron, es necesario reforzar la coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y de las instituciones de educación superior del país.

Señalaron que el rechazo de alumnos en educación superior es un tema preocupante, ya que no existen las suficientes opciones educativas para que los jóvenes continúen su futuro académico y profesional, “ocasionando un impacto negativo en la sociedad”.

La Segunda Comisión también aprobó un dictamen para hacer un llamado al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, continúe la promoción y fomento de programas y estrategias de atención a las personas adultas mayores.

En el dictamen, las y los legisladores exhortaron a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a dar celeridad y especial atención a los casos de violencia cometida en contra de este sector de la población, así como asegurar y proteger en todo el procedimiento la integridad y los derechos de las víctimas.

El objetivo de esta propuesta es garantizar a estas personas su derecho a una vida libre de violencia y que puedan alcanzar todos los niveles de bienestar y una vida digna.