Entre manifestaciones, reclamos y en una sede alterna, los senadores de morena y aliados concretan la reforma al Poder Judicial. El dictamen fue aprobado en lo general, en el salón de la sede histórica de la Cámara, con 86 votos a favor y 41 en contra
Mientras se daba la discusión, afuera manifestantes protestaban y gritaban consignas contra los senadores de mayoría, quienes eran observados por policías y ante los momentos de tensión surgieron los gases lacrimógenos para acallarnos y que se fueran del lugar.
A la media noche, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general, la reforma constitucional que reduce de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma al Poder Judicial recibió 86 votos a favor de senadoras y senadores de Morena, PVEM, PT y Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, contra 41 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Y así alcanzó la mayoría calificada que se requería para su aprobación.
El proyecto de decreto define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.
También elimina el Consejo de la Judicatura Federal, en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones, funcional y orgánicamente separado de la SCJN.
Además, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones.
Dicho Tribunal tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las y los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.
El dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República.
Y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.