Estira y afloja
Las corcholatas tendrán que leer el documento del Banco Mundial donde la SHCP proyectó algunas estimaciones de déficit público, caída en ingresos e inversión, alza en la deuda pública neta y presiones de gasto en pensiones y programas sociales, lo que “exige una reforma fiscal” para obtener ingresos adicionales.
El documento programático del Banco Mundial del 23 de junio para el préstamo por 700 millones de dólares a favor de las mujeres en México, del que ya le informé, estableció que el déficit fiscal se estabilizará en 2.7 por ciento del PIB a partir del 2024 “bajo la tradicional política fiscal prudente”; en 2023 se estimó en 4.1 por ciento.
Afirmó que la inversión pública caerá al 2.2 por ciento del PIB en 2024 desde un 3.6 por ciento en 2023, por la conclusión este año de “proyectos emblemáticos”. A partir de este 2023 se espera que disminuyan los ingresos públicos como porcentaje del PIB porque “los amortiguadores fiscales se erosionaron” como el cobro de liquidaciones de impuestos de años anteriores, el uso de fondos fiduciarios y las ganancias inesperadas por alza en el precio del petróleo.
El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios bajó de 280 mil millones de pesos en 2018 a 9.9 mil millones en 2021 con una ligera recuperación a 25.9 mil millones en el último trimestre del 2022; el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federales cayó de 89 mil millones de pesos a 21.8 mil millones en igual periodo. Hay presiones de gasto incluidas las pensiones y mejoras en infraestructura para apoyar el crecimiento, lo que “exige una reforma fiscal” para obtener ingresos adicionales.
En el documento se destacó que “a medida que el déficit baje gradualmente en el mediano plazo, con la finalización de los proyectos de inversión pública y la normalización de las tasas de interés compensadas por menores precios del petróleo, se espera que la deuda pública neta se estabilice alrededor de 51 por ciento del PIB en 2026. Las necesidades brutas de financiamiento fiscal serán de 12.1 por ciento del PIB en 2023 y deberían estabilizarse en torno al 11.6 por ciento del PIB para 2026, en consonancia con un déficit fiscal contenido y un perfil de vencimiento a más largo plazo de la deuda pública”.
También advirtió que la inversión privada se puede obstaculizar “si la incertidumbre regulatoria sigue sin resolverse, particularmente en la industria energética”.
jesus.rangel@milenio.com