NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El proyecto transexenal de la 4T logra abrirse paso a través de una oposición desfondada. En la aprobación de la reforma militar en el Senado se rompió el equilibrio legislativo que quedaba en el Congreso para mantener inamovibles las fronteras del poder civil y la ampliación del espacio a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad del gobierno. Su ensanchamiento implica una redefinición de límites del sistema democrático por el mayor peso del Ejército en la escena política.
El punto de sustentación de la alianza entre panistas y priistas, que echaron mano del Ejército para la seguridad pública desde hace 16 años, terminó por resquebrajarse. Sin haber construido condiciones para devolverlo a los cuarteles, el PRI acabó apoyando su exigencia de cobertura legal para permanecer en las calles hasta 2028. Si antes los gobiernos de Calderón y Peña Nieto apostaron por él, ahora a los legisladores de sus partidos les explotó esta granada de fragmentación que alojaron en las cavidades del gobierno civil por la inoperancia de las autoridades de seguridad pública. Después de apoyarlo en el pasado, ahora oponerse sólo para frenar a la 4T reventó la moratoria legislativa junto con el frente Va por México, atrincherado en la negativa de un cambio constitucional que lo permitiera.
La reforma es un triunfo legislativo clave para el proyecto transexenal de la 4T y, para lograrla, no escatimó en presiones sobre legisladores y hasta la amenaza de enfrentar una negativa del Congreso con consulta pública. La vulnerabilidad del PRI por los expedientes de corrupción de Alejandro Moreno y otros legisladores, sumada a la debilidad argumentativa de la oposición, terminaron por hacer agua en una alianza falsificada que, en el fondo, no quería confrontarse con el Ejército, sino mantener el statu quo de la relación sin certificar en el combate al crimen. En el Ejército había cada vez más molestia de actuar al margen de la ley y ahora además con la Guardia Nacional que ya les había entregado el Congreso.
En cambio, para el gobierno de López Obrador la cobertura legal que tanto exigió el Ejército se convirtió en un asunto de vital para anclar el futuro de su proyecto, aunque con consecuencias imprevisibles para los equilibrios en el sistema político y los límites de la democracia frente al protagonismo y la visibilidad de las fuerzas armadas con una administración en que su disposición extraordinaria se convirtió en permanente y regular.
Aunque revertir el dominio militar en la seguridad pública sería difícil para cualquiera que llegue en 2024, un nuevo gobierno supone un riesgo para sus intereses sin garantías legales. La decisión trasciende a esta administración y compromete a la siguiente. El nuevo equilibrio de fuerzas hace del Ejército un actor de la sucesión, al menos con capacidad de veto, aunque el Presidente lo trate de desestimar, porque no habrá un candidato militar. Al satisfacer su demanda, el Presidente ata su sucesión y tiende los rieles para el futuro de su proyecto, en que los incluye como sucediera antes con el antiguo partido hegemónico en que llegaron a ser un cuarto sector del PRI.
El ensanchamiento de espacios para los militares en su sexenio es evidente, comenzando por el cambio de opinión sobre su promesa de devolverlos a los cuarteles para pacificar al país. Lejos de ello, su presencia abarca desde las aduanas, la construcción y operación de las obras más importantes del sexenio, hasta la idea de concesión de una línea aérea que les abriría una nueva área de negocio. Su fuerza se ha impuesto al ala más antimilitar y proderechos humanos del gobierno en el caso Ayotzinapa, lo que proyecta una sombra de impunidad en abusos del Ejército y la actuación con un fuero aparte de la justicia.
Por eso, la reforma es una forma de capitulación de los gobiernos civiles dado que se debilitan las garantías de las instituciones de un estado constitucional como puede verse en las denuncias de espionaje del Ejército a periodistas y defensores de derechos humanos. Así como en la filtración de correos hackeados a la Defensa en los que pueden apreciarse botones de muestra de las presiones que llegó a acusar López Obrador por el caso Iguala y hasta la cercanía en su equipo cercano y la intimidad de su salud y familia. En fin, se aprecia la estampa de un nuevo orden.