El senador Ricardo Monreal, dijo que las modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen sustento en la obligación del Estado para proveer los instrumentos, acciones y políticas que garanticen el derecho al desarrollo óptimo de los menores.
En un mensaje que compartió en redes sociales, el coordinador parlamentario de Morena recordó que el proyecto define que los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y, en la especie:
La alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, la asistencia médica y hospitalaria y, en su caso, gastos de embarazo y parto, los gastos derivados de la educación, la formación para proporcionar un oficio, arte y profesión o con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o interdictos.
Monreal, destacó que es un acto de justicia para niñas, niños y adolescentes; lo necesario para lograr en lo posible el desarrollo de ellos.
Agregó que autoridades de los tres órdenes de gobierno, dispondrán lo necesario para establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para procedimientos y tramites de licencias y permiso para conducir.
Así como para tramitar pasaporte, documentos de identidad y realizar viajes para participar en algún evento; así como para postularse como candidatos a cargos concejiles o de elección popular o en procesos de selección para asumir el cargo de juez o magistrado, en el ámbito local y federal.
“En los trámites realizados ante notario público, también puede haber restricciones, relativos a la compra-venta de inmuebles o la constitución o transmisión de derechos reales; así como para solicitudes de matrimonio, en donde el juez deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno de ellos se encuentra en el Registro y la situación que guarda respecto a sus obligaciones alimenticias.
Además, se incorpora la previsión relativa a medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puedan salir del país cuando sean deudores alimentarios morosos.