<< La iniciativa busca armonizar la legislación con la reforma constitucional que reconoce la vivienda adecuada como un derecho humano
<< Plantea fortalecer la reparación integral de las víctimas mediante condiciones reales de bienestar y reintegración social
La diputada morenista María del Rosario Orozco Caballero, presentó una iniciativa para reformar el artículo 56 de la Ley General de Víctimas, con el objetivo de incorporar el concepto de vivienda adecuada como un derecho para el desarrollo social de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, fortaleciendo así el enfoque de reparación integral y de justicia social en favor de quienes han enfrentado situaciones de violencia.
La legisladora destacó que la Ley General de Víctimas representa uno de los instrumentos más importantes del Estado mexicano para garantizar justicia, dignidad y acompañamiento a quienes han sufrido hechos victimizantes. En ese sentido, subrayó que las políticas públicas deben enfocarse no sólo en el reconocimiento formal de derechos, sino en garantizar condiciones reales que permitan a las personas reconstruir su vida.
“Toda persona que ha sido víctima tiene derecho a reconstruir su proyecto de vida en condiciones de seguridad, justicia y bienestar, y uno de los pilares fundamentales para lograrlo es el acceso a una vivienda adecuada”, afirmó la diputada, al explicar que contar con un espacio seguro y estable es fundamental para superar situaciones de vulnerabilidad.
Durante la exposición de motivos, Orozco Caballero señaló que la vivienda constituye un elemento central para el bienestar y la dignidad humana, pues impacta directamente en la estabilidad emocional, la seguridad y el desarrollo de las personas. En este sentido, sostuvo que garantizar el acceso a una vivienda adecuada contribuye a los procesos de sanación, autonomía e integración social de las víctimas.
“Contar con un espacio adecuado, seguro y estable no sólo permite a las víctimas superar su condición de vulnerabilidad, sino también facilita su proceso de sanación, autonomía y reintegración social”, puntualizó.
La iniciativa también busca armonizar la legislación secundaria con la reciente reforma constitucional en materia de bienestar, mediante la cual se sustituyó el término “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, con el propósito de adoptar un enfoque más amplio y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la diputada, esta actualización normativa permitirá establecer criterios más claros y medibles para determinar cuándo una vivienda cumple con las condiciones necesarias para garantizar una vida digna. Entre estos criterios se encuentran aspectos como la habitabilidad, la seguridad estructural, la disponibilidad de servicios básicos, la accesibilidad, la asequibilidad y la ubicación adecuada.
Asimismo, explicó que el concepto de vivienda adecuada se encuentra respaldado por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad.
“Necesitamos pasar de un vocablo abstracto y sujeto a interpretaciones subjetivas a una terminología que nos permita definir con mayor precisión cuáles son los elementos mínimos con los que debe cumplir una vivienda adecuada”, expresó la legisladora, al destacar que la homologación del lenguaje jurídico permitirá fortalecer las políticas públicas en materia de vivienda.
La propuesta legislativa también responde al mandato establecido en la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024, que instruyó al Congreso de la Unión a armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada, a fin de garantizar que todas las normas relacionadas con este derecho reflejen los nuevos principios constitucionales.
En este contexto, la diputada enfatizó que armonizar la Ley General de Víctimas con el nuevo marco constitucional representa un paso fundamental para consolidar un Estado de bienestar que coloque en el centro a las personas, especialmente a quienes han enfrentado situaciones de violencia o vulneración de sus derechos.
Finalmente, la iniciativa propone modificar el artículo 56 de la ley para establecer que, entre los derechos para el desarrollo social de las víctimas, se reconozca explícitamente la vivienda adecuada, junto con la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, el disfrute de un medio ambiente sano y el derecho a la no discriminación, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La diputada concluyó que esta reforma fortalece el marco jurídico de protección a las víctimas, al garantizar no sólo el reconocimiento de sus derechos, sino también las condiciones materiales necesarias para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad, seguridad y bienestar.