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>> Falta de voluntad política de la mayoría en la Cámara de Diputados, para expedir la ley general de seguridad privada, señaló Rocío Reza Gallegos, legisladora de Acción Nacional

>> La seguridad en el país, al igual que la seguridad privada, no es un tema de color ni de partido político es un tema de necesidad social, indico el presidente del CNSP, Raúl Sapién Santos

Necesario empadronar a las compañías que otorgan el servicio de seguridad privada en el país, en razón de que el 35 por ciento de las seis mil empresas que existen en el país no están reguladas, lo cual afecta a 500 mil trabajadores de dicho sector, informó Rocío Reza Gallegos, legisladora de Acción Nacional.

Por lo que pidió a la Comisión de Seguridad Ciudadana que dictamine a la brevedad la iniciativa que expide la ley general de seguridad privada, la cual señaló se encuentra pendiente en dicho órgano legislativo por falta de voluntad política de la mayoría en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, dijo que se encuentra pendiente este ordenamiento legal con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con todas las instancias necesarias para culminar con esta ley que sigue sin dictaminarse, apuntó.

Reza Gallegos, indicó que dicha ley cuenta con los elementos para dictaminarse, pero consideró que se requiere de la voluntad política de los distintos grupos parlamentarios para concretarse.

Dijo que su propuesta busca limitar la operación de las empresas que no cumplen con todas las regulaciones necesarias y regular el tipo de armas que pueden portar los elementos de seguridad privada para cumplir con sus tareas.

Apuntó que, el gobierno federal ha dejado de lado esta parte preventiva en relación a la seguridad pública, pues la visión que tiene es en esta pretensión de militarizar las funciones la seguridad pública, la cual deja de lado el tema de la seguridad privada que es coadyuvante con el tema de seguridad, prevención en lo local y que se requiere regular para ser más efectiva en esta materia.

Por su parte, el presidente del CNSP, Raúl Sapién Santos, declaró que la seguridad en el país, al igual que la seguridad privada, no es un tema de color ni de partido político es un tema de necesidad social y de las y los empresarios que han exigido por 20 años certeza jurídica a este gremio, con el cual aseveró se está en deuda al no impulsar esta iniciativa en el Congreso.

Invitó a las empresas a que se sumen a la regularización, ya que es necesaria para la fiscalización y desempeño dentro del ámbito de la seguridad pública o seguridad privada.

Expuso que todas aquellas policías auxiliares y complementarias que brindan seguridad pública y privada a nivel municipal, estatal y federal, como el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), el servicio de protección federal y algunas policías auxiliares a nivel municipal, son quienes solicitan de las y los empresarios para vender este tipo de servicios a entes privados.

“El problema que tenemos con las policías auxiliares y como yo las he definido entes híbridos que no cumplen con la función de brindar servicios de seguridad en los servicios, darle a la ciudadanía seguridad pública, sin embargo, ofrecen servicios de seguridad privada, pero no cumplen y con la ley en materia de seguridad pública, ni tampoco con la ley en materia de seguridad privada”.

Respecto al uso de las armas, dijo tiene un calibre determinado que únicamente pueden utilizar, no así las policías sociales y prioritarias que utilizan una licencia oficial colectiva y que utilizan armas. De uso exclusivo para el ejército.

“Desafortunadamente hemos visto abusos por parte de la modalidad de seguridad para las personas, como es bien conocido como escoltas”, apuntó.