La escalada de violencia en la marcha del 2 de octubre ha tocado varios nervios en la ciudadanía, negocios, el Gobierno de la Ciudad de México y en la propia policía capitalina.
Abrió, una vez más, un debate lleno de espinas: reprimir las manifestaciones violentas o disuasión policial con dientes y firmeza para evitar el caos.
La Canaco CDMX señala que hasta el mes de julio de este año se registraron 23 marchas que dejaron pérdidas económicas por 350 millones de pesos por ventas no concretadas y más de 20 millones por daños materiales.
Sobre todo, acusa, por actos vandálicos contra negocios realizados por el llamado Bloque Negro.
El viernes pasado, ese grupo de encapuchados llevó a cabo otro ataque con una violencia nunca antes vista. Incendió, saqueó, vandalizó, madreó a reporteros y mandó al hospital a 94 policías; uno de ellos fue intubado.
La respuesta del gobierno de Clara Brugada ha sido, hasta ahora, impunidad. Sólo fue detenida una persona por robo a una joyería.
Mientras, desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum asoció a estos autollamados anarquistas con sus adversarios políticosa los que acusa de pretender que la ciudadanía diga que el gobierno de la 4T reprime igual que lo hizo el gobierno de 1968.
Y ese es un punto que, como decíamos, toca varios nervios porque ningún gobierno, después de la matanza del 68 y El Halconazo del 71, quiere heredar el estigma de represor.
Morena no quiere hundirse como le ocurrió al PRI con Tlatelolco ni que sus gobiernos sean viralizados en redes sociales como un regreso al 68 al ser exhibidos gaseando y chingando estudiantes en las calles.
Entonces, para no caer en provocaciones, son mínimas las detenciones y mandan a sus policías a que aguanten con saliva, extinguidores y escudos que les arrebatan, lo que ha derivado en mayor permisividad hacia grupos violentos como el Bloque Negro.
Se argumenta que se actúa bajo protocolos pero los comerciantes advierten de posibles infiltraciones del crimen organizado por el nivel de atracos cometidos, ya no sólo en tiendas de conveniencia, si no, como fue el caso, en joyerías de donde se estima se robaron oro por un valor de 35 millones de pesos.
Ahora los policías también han salido a las calles para exigir la destitución de sus mandos, porque para sostener una imagen de gobierno progresista advierten que “no somos carne de cañón y nuestra vida no tiene precio”.
No se trata de reprimir en una reedición del 68/71, de violentar la libre manifestación de las ideas o el derecho a manifestarse. Se trata de actuar con estrategia y firmeza que implica una disuasión visible con antimotines bien equipados, no solo con escudos y a mentadas de madre.
Se trata de efectuar detenciones de cabecillas de este grupo vandálico que ayer reapareció en la marcha de apoyo a Palestina para convertir la protesta, otra vez, en un escenario de violencia.
La policía capitalina -que les ha decomisado gasolina, bombas molotov, mochilas con piedras, cohetones, martillos y armas blancas- requiere usar la tecnología para llevar a cabo ciberpatrullaje.
Y como se ha hecho en otros países: contención con inteligencia, no a balazos, porque la complacencia solo invita a más caos y si el gobierno local y federal tiene identificados a quienes están detrás de estos grupos ¡que actúe! o seguiremos viendo calles en llamas.