Número cero/ EXCELSIOR
La primera consulta constitucional para revocar el mandato de un presidente en la historia del país se desarrolla entre la confusión de mensajes y contusiones del INE. El gobierno defiende su valor como un derecho de los ciudadanos aunque ellos no la promovieron, mientras la oposición la presenta como una campaña presidencial o un antojo caro sin detenerse en la ciudadanía. La mezcla deriva en desorientación y en un modo de extinguir las obligaciones de un ejercicio de participación ciudadana que dejará mucho a deber como en un partido de futbol llanero donde la nota es la gresca contra el árbitro.
¿Quiénes ganan y pierden con la consulta? ¿Quién se llevará el mérito o será sancionado por el resultado? El INE ha dicho finalmente que el proceso “va” y pita el arranque del juego, tras de que la Corte lo eximiera de castigo por no poder cumplir con la logística de una elección federal como dice la ley. La falta de presupuesto golpea a la institución y las acusaciones presidenciales de boicotearlo. López Obrador se vuelca desde el palco del Estado en llamados a participar para medir en las urnas el respaldo al proyecto de la 4T. Pero la efervescencia de la confrontación política en la cancha no alcanza a despertar interés en una ciudadanía que desconoce el ejercicio. Para mayor embrollo, se convoca el 10 abril cuando comienza la Semana Santa y eso merma el aforo.
En esta consulta casi todo es atípico. La ideó el Presidente y lanzó a Morena a la movilización, a diferencia de otras experiencias que se promueven desde la oposición o la ciudadanía para censurar al gobierno y expresar su desacuerdo con sus políticas. El centro del debate lo ocupa el árbitro, en vez de los pros y contras de que el Presidente termine anticipadamente su mandato. Y, en consecuencia, las dudas sobre la participación o su alcance real permean el proceso.
Para la Ley de Revocación de Mandato, el resultado será vinculante si supera 40% de votos de la lista nominal, pero las casillas instaladas serán apenas un tercio de las de una elección federal. Sin disposición adicional de dinero, la logística se achicará de 160 mil a unas 50 mil casillas, que no alcanzan para tener todas las secciones electorales. Si bien nadie se atrevería a decir qué impacto podría tener esto en la participación, lleva a preguntarse qué tipo de consulta tendremos y cómo incidirá esto en la legitimidad del ejercicio o en sus consecuencias políticas.
Por ejemplo, qué significado tendría si participara sólo 7% como en el juicio a expresidentes, cuyo resultado no se tradujo en nada, aunque no era vinculante. Los costes políticos de una consulta desairada cargarían sobre el capital político del primer interesado en ella, el Presidente, así como en el crédito de la capacidad de movilización de Morena hacia la elección de 2024. Su autoría vertical desde la Presidencia la convierte en un arma de doble filo para el gobierno porque, si la pensó como instrumento de campaña y para reforzar la popularidad presidencial hacia la sucesión, también puede confirmar que la alta aprobación de López Obrador no se respalda en organización ni control territorial de su partido.
El escenario preocupa a Morena, que hace números en cada estado para lograr al menos reeditar su votación en la última elección a diputados federales. Para la solicitud de la consulta, logró juntar 11 millones de firmas, pero si se resta 25% de anuladas por anomalías, el número se acerca al de la consulta a expresidentes y se aleja más de cinco veces de los 37 millones de votos necesarios para hacerla obligatoria. La oposición que ha descalificado sistemáticamente el ejercicio como campaña presidencial para renovar su fuerza e imponerse en 2024, comienza a ver los riesgos para el Presidente. Mientras López Obrador no deja de azuzar la opinión contra el INE, que puede ser el que cargue con los mayores costos políticos como una inminente reforma electoral que deje al árbitro debilitado hacia la sucesión presidencial.
En este enredo, la democracia está en un momento de desorientación. Se abren nuevas formas de participación directa en una “refriega” como las del futbol llanero. Y sin claridad sobre las obligaciones de la partida por reunirse en una misma persona el crédito y la deuda del proceso, en la Presidencia.