NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La revocación de mandato ya no fue ejemplar aun antes de llegar, por primera vez, a las urnas en un proceso inédito en la historia del país. Todo lo contrario, ha sido ejemplo de viejas prácticas de las elecciones de Estado. Tampoco será aplaudida por todos, sino alabada por el destinatario de la votación e impugnada por sus opositores, independientemente de los resultados, como la cuerda del ahorcado en el juego la polarización.
La consulta del próximo 10 de abril transcurre de forma paradójica. Un ejercicio nunca visto en la democracia mexicana sobre el futuro de un gobierno a mitad del sexenio se convierte en un espejo retrovisor para mirar las antiguas formas plebiscitarias del poder para legitimarse, no para ponerlo en juego. Un round de sombra con la oposición y medir el “músculo” del voto duro de Morena.
Ese no es el objetivo de un mecanismo de participación ciudadana en una sociedad democrática, incluso si viene del poder como éste. Desde un principio no fue asumido por la ciudadanía como oportunidad para debatir, evaluar y, en su caso, sancionar la permanencia del presidente López Obrador hasta el final de su mandato, en 2024. Nadie discutía pros y contras para revocarlo, como ocurre en otras democracias con recursos como la moción de censura u otros procesos de destitución, sino la inutilidad de la consulta con posturas que rozan la esquizofrenia, como ese grosero eslogan “terminas y te vas” (el sexenio), al tiempo de acusarlo de llevar al país al desastre. Un ejemplo también de la confrontación y el antagonismo tóxico que envenena la consulta.
En cuanto al gobierno y los partidos, siguen la misma lógica refractaria como las ondas de luz que se polarizan a través de un cristal opaco. La oposición apuesta al fracaso de la consulta, no a demostrar el fracaso del gobierno. Los partidos están habilitados por la ley del revocatorio —aprobada por ellos— a promover la participación, pero, en cambio, su cálculo político es el boicot a las urnas y renuncian a promover el voto de reprobación. Su cálculo político es lograr una fotografía electoral con un nivel inferior al voto del bloque opositor en 2021, como si se tratara de una pelea de sombra con Morena.
Del lado del gobierno, su campaña de movilización desemboca en zozobra que erosiona la legitimidad con comportamientos que no están en conformidad con las leyes en un peligroso juego, como el del ahorcado, hacia la sucesión. El despliegue de propaganda que recuerda tiempos en que el aparato del Estado se volcaba a asegurar el triunfo del partido oficial, el linchamiento al INE por aplicar las reglas de juego de la mordaza, y su camino hacia el cadalso del ahorcado con la ayuda de algunos consejeros que perdieron el equilibrio y se sumaron a la polarización. Qué decir del activismo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y su desdén por las consecuencias de violar la veda electoral. El objetivo también es claro: hacer lo necesario en esa medición de fuerzas para superar los votos de la oposición en 2021.
La meta del 40% de participación para ser vinculante es descartada por todos. Es una muestra de fracaso, aunque inducida por la ley. No obstante, es de esperarse que el Presidente cante victoria si la participación alcanza un 20% o si queda en un 12%, que correspondería a los 11 millones de firmas de Morena para pedir la consulta. Aunque un nivel así avivaría los temores del Presidente por la baja capacidad de movilización de su partido y ello recortará su margen de maniobra en la designación de su sucesor. Por su puesto, si la participación rondara el 7% de la consulta del juicio a expresidentes, el fracaso será mayor y prendería luces “rojas” en la confianza de la 4T en su plan transexenal.
Lo más frustrante de la vuelta de viejas prácticas es que sobreviene por la misma puerta falsa del halago al presidente, de la conducta obsequiosa para complacerlo, a costa de la ley y de olvidar el camino andado de la democratización. De deponer sus propias banderas desde la oposición, incluso pedir que Morena instalara sus propias casillas suplantando al INE y la ciudadanización del proceso. Se desechó porque rompería la imparcialidad, pero es un botón de muestra del gran ausente del ejercicio: la voluntad de la gente.