NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La consulta del revocatorio de hoy será la primera vez que un presidente aparece en la boleta durante su mandato y también la última vez que López Obrador podría estarlo, tras su triunfo en 2018. El resultado está escrito y lo más probable es que no obligue a nada, pero tendrá consecuencias políticas para un gobierno que apuesta más a la legitimidad de los votos como fuente de fuerza, que a la percepción sobre el cumplimiento del marco legal para lograr sus reformas emblemáticas, como la eléctrica y obras públicas.
Nadie cree que el Presidente pudiera perderlo, tampoco que alcanzará 40% para que sea vinculante. Pero los acontecimientos que se sucederán de un ejercicio inédito, convocado desde el poder, se proyectarán sobre los programas insignia de la 4T y obras como el Tren Maya, el futuro de la FGR y los desacuerdos con EU, porque los votos ofrecerán posiciones de fuerza al gobierno si, como también parece seguro, le serán favorables.
Claro que no sería lo mismo caminar el resto del sexenio con la coraza de los 30 millones de votos de 2018, que transitar con la mitad o menos que le mantengan su apoyo. Ésa es la apuesta de la oposición y por eso alienta el abstencionismo. El primer efecto podría sentirse en el Congreso con la reforma eléctrica como la madre de todas las batallas legislativas de la 4T y cuyo desenlace pende de conjuntar 50 votos de la oposición del PRI y de otros partidos.
La Ley Eléctrica superó la prueba de constitucionalidad en un fallo contradictorio de la Corte, en el que una minoría de cuatro votos dejó a salvo a la CFE con el monopolio del mercado y en peligro a los contratos de empresas extranjeras, en sentido contrario a la mayoría de los ministros. Aunque la decisión deja indefinición jurídica y abre la puerta a litigios, eliminar el veto de la inconstitucionalidad juega a favor de legisladores que apoyen el proyecto eléctrico del Presidente fuera de Morena. La eliminación del impedimento puede convencer a diputados del PRI o a sus gobernadores de apoyar la reforma, junto con el peso del nivel de aprobación al gobierno que arroje la consulta.
El presidente espera salir fortalecido con la fuerza de los votos para enfrentar, por ejemplo, los litigios que anuncia EU por las empresas nacionales afectadas por la revocación de permisos. El desacuerdo con EU en éste y otros temas ha escalado en la defensa de López Obrador sobre sus posiciones soberanistas, aunque el diferendo por la reforma eléctrica es un asunto comercial de obligaciones y reglas del T-MEC. López Obrador reclama una actitud injerencista a través del lobby estadunidense en la Corte y en el Congreso contra la reforma, en una muestra de la politización del tema en clave nacionalista.
En la última semana se acumulan reclamos comerciales y advertencias de cancelación de inversiones en México; y, por otro lado, también acusaciones contra el fiscal Gertz por el uso faccioso de la justicia, en otro desencuentro en un área vital de la cooperación bilateral. Pero, el momento para la reforma es propicio para López Obrador porque los cambios en la geopolítica internacional fortalecen sus posiciones de fuerza en el mercado energético regional. Una postura que se reforzaría con una consulta para mostrar músculo de apoyo al gobierno, más que para expresar desconfianza o desacuerdo por parte de los opositores.
De todas estas consecuencias políticas, la más importante en el plano interno es el impacto en el INE, que sale debilitado por los ataques del gobierno y la polarización del debate alrededor suyo. La intención de remover a la autoridad electoral, como ya dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no es un buen presagio para la democracia hacia la sucesión presidencial de 2024 y la autonomía del INE. La carrera del revocatorio ha estado marcada por la reaparición de prácticas de las viejas elecciones de Estado como el acarreo y la injerencia del gobierno, lo que ha dado lugar a fuertes enfrentamientos con el árbitro electoral. La legitimidad de los votos también puede volcarse en la pretensión de una reforma electoral anunciada por el Presidente, que podría dejar mayor incertidumbre sobre las garantías de imparcialidad y piso parejo de la elección de 2024, paradójicamente, a través de los votos de hoy en el país.