El regreso del gobernador de Sinaloa, acusado en Estados Unidos, abrió una fractura dentro de Morena, obligó a cerrar filas con Claudia Sheinbaum y volvió inevitable la pregunta sobre cuánto poder conserva López Obrador fuera y dentro de Palacio Nacional
Rubén Rocha Moya regresó al gobierno de Sinaloa con una acusación federal vigente en EU y las investigaciones mexicanas todavía abiertas. Gobernación se deslindó de su decisión, 23 gobernadores de la 4T cerraron filas con Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal le pidió volver a separarse del cargo. El episodio dejó de ser un problema sinaloense y alcanzó al centro del poder, porque compromete la relación con Washington y exhibe los límites de la autoridad de Sheinbaum dentro de un movimiento que aún conserva dirigentes, gobernadores y lealtades construidas alrededor de Andrés Manuel López Obrador
El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, duró pocas horas como asunto estrictamente estatal. Ayer viernes volvió al despacho con una acusación penal vigente en Estados Unidos, investigaciones que no han concluido en México y una diferencia política que resultó todavía más reveladora. Esta vez Morena no salió a protegerlo como lo hizo cuando comenzó la crisis, y la reacción de Gobernación, de los gobernadores oficialistas y de Ricardo Monreal mostró que Rocha regresó al poder, pero lo hizo considerablemente más solo.
El gobernador justificó su reincorporación mediante dos argumentos. Primero, recordó que fue elegido por los sinaloenses para concluir un periodo constitucional que termina en octubre de 2027 y segundo, sostuvo que, durante los meses en que estuvo separado del cargo, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) no produjo elementos suficientes para proceder penalmente contra él.
La Secretaría de Gobernación introdujo de inmediato una precisión que modifica esa lectura. El regreso, informó, fue una decisión personal de Rocha y las investigaciones de la FGR relacionadas con los funcionarios sinaloenses continúan abiertas. No haber encontrado elementos suficientes para actuar penalmente hasta este momento tampoco equivale a una declaración definitiva de inocencia, ni cancela lo que todavía investiga la autoridad.
Pero en Estados Unidos la situación es distinta. El 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal de gran jurado contra Rocha y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa. Los fiscales le atribuyen participación en una conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, y sostienen que funcionarios sinaloenses colaboraron con “Los Chapitos” a cambio de sobornos y respaldo político. Todo eso tendrá que probarse ante un tribunal y Rocha conserva, por supuesto, la presunción de inocencia. El dato político permanece intacto. México vuelve a tener en funciones a un gobernador constitucional acusado ante una corte federal estadounidense de delitos relacionados con el narcotráfico.
La licencia de mayo había permitido administrar provisionalmente una crisis que amenazaba con alcanzar al gobierno federal. Rocha se retiraba, la FGR investigaba y Morena podía sostener, con razón jurídica, que una acusación formulada en otro país no sustituía las instituciones mexicanas ni autorizaba a Washington a decidir quién debía gobernar Sinaloa. Pero el regreso rompió aquel equilibrio. Rocha recuperó el ejercicio pleno del poder estatal mientras la causa estadounidense permanece abierta y las pesquisas mexicanas tampoco han terminado.
Vale la pena recordar lo ocurrido cuando apareció la acusación de Nueva York. Durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado a principios de mayo, dirigentes y legisladores defendieron al gobernador, invocaron la presunción de inocencia y colocaron buena parte del conflicto dentro del discurso sobre soberanía e intervención extranjera. La defensa no era únicamente de Rocha, sino que también respondía a una preocupación mucho mayor dentro del movimiento, como lo es impedir que Estados Unidos comenzara a decidir, mediante acusaciones judiciales o medidas administrativas, el destino político de funcionarios mexicanos.
Hay además una anécdota que conviene dejar correctamente asentada porque fue deformándose con el tiempo. Las playeras guindas con la leyenda “Yo con Rocha” fueron llevadas al Senado por legisladores del PAN como una provocación a Morena. Los senadores morenistas no aceptaron ponérselas y Gerardo Fernández Noroña rechazó incluso la que le ofrecieron. La defensa política de Rocha existió y fue amplia; aquella imagen de legisladores oficialistas uniformados espontáneamente para respaldarlo pertenece a otra historia; el episodio verdadero tiene suficiente interés por sí mismo.
Del respaldo al deslinde
Tres meses después, el paisaje cambió. Ayer viernes, veintitrés gobernadoras y gobernadores vinculados a la Cuarta Transformación difundieron un pronunciamiento conjunto de apoyo a Claudia Sheinbaum y dirigieron a Rocha palabras que difícilmente pueden interpretarse como una formalidad entre compañeros. Le reclamaron madurez, responsabilidad y congruencia, y advirtieron que los proyectos personales o de grupo no pueden colocarse por encima del proyecto colectivo, la legalidad y el interés nacional.
La diferencia entre mayo y agosto dice bastante más que numerosos discursos partidistas. Cuando apareció la acusación estadounidense, Morena consideró necesario proteger a Rocha frente a Washington, pero cuando Rocha decidió regresar por su cuenta, los mismos actores consideraron necesario proteger a Sheinbaum frente a Rocha. No hace falta atribuir el cambio a una súbita conversión moral. Lo cierto es que modificó el costo político de respaldarlo y cambió con él la conducta del oficialismo.
Ricardo Monreal fue todavía más lejos. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pidió al gobernador reconsiderar su retorno y solicitar una nueva licencia para que la Fiscalía General de la República concluya sus investigaciones. Dijo que la reincorporación había provocado “un gran cisma” y la calificó de decisión «personalísima». Su afirmación más significativa fue que “el Estado” no la autorizó, no la permitió y tampoco estaba enterado de ella. Monreal añadió que una actuación de esa naturaleza podía generar consecuencias en una relación bilateral que ya atraviesa suficientes tensiones.
Conviene colocar esa declaración en su dimensión exacta. Monreal no puede hablar jurídicamente en nombre de los tres poderes de la Unión y tampoco representa constitucionalmente al Estado mexicano en su conjunto. Es coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados y presidente de su Junta de Coordinación Política, y por eso mismo llama la atención que escogiera una fórmula tan amplia. Su mensaje político buscaba impedir que dentro o fuera de México el regreso de Rocha pudiera atribuirse a Claudia Sheinbaum.
Gobernación habló de “una decisión personal” y la dirigencia morenista marcó distancia; los gobernadores se colocaron detrás de la Presidenta y Monreal pidió a Rocha que volviera a separarse del cargo. Vista así en conjunto, la secuencia tiene poco de respaldo y mucho de operación de contención. El objetivo inmediato parece bastante claro, impedir que la decisión de un gobernador acusado en Estados Unidos termine comprometiendo a la Presidencia mexicana.
Ahí reaparece Andrés Manuel López Obrador, aunque conviene hacerlo con los pies sobre la tierra y sin convertir una hipótesis política en información comprobada. Rocha forma parte del grupo que acompañó al expresidente desde mucho antes de llegar al gobierno de Sinaloa y existe un antecedente particularmente revelador sobre la manera en que alcanzó la candidatura de Morena en 2021.
El propio Rocha reveló en noviembre de 2025 que las encuestas internas del partido no lo favorecieron y que Andrés Manuel López Obrador intervino para que finalmente fuera designado candidato. Según su relato, Ricardo Monreal le fue comunicando lo que ocurría mientras se suspendía la difusión de sondeos en los que aparecía mejor colocado Luis Guillermo Benítez. Años después, el beneficiario terminó narrando públicamente cómo la autoridad política del entonces presidente había pesado más que el procedimiento interno mediante el cual Morena afirmaba seleccionar a sus candidatos.
Ese antecedente permite formular una pregunta, pero todavía no responderla. Realmente no existe prueba pública de que López Obrador haya ordenado a Rocha regresar a la gubernatura. Afirmarlo como hecho sería fabricar la pieza que falta, pero lo documentado es otra cosa y no resulta menos importante. Rocha llegó a la candidatura por una intervención del expresidente que él mismo reconoció y mantiene con López Obrador una relación política y personal de muchos años. Por lo tanto, de manera lógica podríamos suponer que cuando un gobernador con semejante historia desafía la posición de su partido y coloca al gobierno federal ante un problema internacional, la influencia del antiguo jefe del movimiento se convierte inevitablemente en parte del análisis.
El problema ya no es solamente Rocha
La verdad es que el conflicto adquirió otra dimensión después de que Estados Unidos retiró la visa a Andrés Manuel —Andy—, López Beltrán. Pero una cancelación migratoria no constituye una acusación penal, no demuestra la existencia de una investigación criminal y tampoco autoriza a anunciar un indictment —la acusación penal formal presentada ante un tribunal federal de EU, luego de que un gran jurado determina que existen elementos suficientes para llevar a una persona a juicio—, que hasta ahora nadie ha mostrado. Su significado político es distinto. También José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO sostuvo públicamente que el destinatario verdadero del golpe era el expresidente, mientras dirigentes de Morena volvieron a colocar el caso dentro del discurso sobre injerencia estadounidense.
La soberanía es un principio jurídico muy delicado para convertirlo en refugio automático de cualquier político investigado o sancionado en el extranjero. México tiene derecho a exigir respeto a sus instituciones y a impedir operaciones unilaterales de otro gobierno, pero esa defensa pierde fuerza cuando se utiliza sin distinción para proteger personas, como es el caso del propio Andy o de Rocha Moya y los otros nueve, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Una acusación estadounidense puede ser infundada, parcial o políticamente interesada y también puede contener pruebas; no obstante, lo responsable consiste en examinarlas y exigir que se acrediten, no declarar desde el principio que todo señalamiento procedente de Washington constituye una agresión contra México.
Y mientras una parte del obradorismo endurecía ese discurso en defensa de la supuesta “soberanía”, Omar García Harfuch participaba en Buenos Aires en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA. Terrance Cole, director de la agencia estadounidense, lo calificó públicamente como un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. Harfuch agradeció la cooperación, el intercambio oportuno de información y el trabajo conjunto que ha permitido detener objetivos criminales y afectar estructuras financieras y logísticas.
Las dos escenas pertenecen al mismo gobierno mexicano y ayudan a entender la dificultad que enfrenta Sheinbaum. Dentro del movimiento convive una corriente que responde a Washington mediante una defensa política cada vez más amplia de la soberanía con un secretario de Seguridad cuya estrategia necesita intercambio de inteligencia y cooperación operativa con las agencias estadounidenses. Esa convivencia puede administrarse mientras exista una conducción política clara. El regreso de Rocha la vuelve más difícil porque introduce un gobernador acusado en Nueva York dentro de una relación de seguridad que depende, precisamente, de la confianza entre ambos gobiernos.
Pero Washington tampoco ha dado por cerrado el expediente. Tras el regreso de Rocha, autoridades estadounidenses recordaron la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista y reiteraron una tesis que su justicia viene sosteniendo desde hace meses, las estructuras criminales de esa dimensión requieren colaboración de funcionarios corruptos. El mensaje no anuncia por sí mismo una nueva medida contra el gobernador, aunque deja claro que la acusación presentada en abril continúa siendo parte de la política estadounidense hacia México.
Washington tiene más de una palanca
El precedente venezolano impide analizar esa política con los parámetros de hace algunos años. El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses entraron en Caracas, capturaron a Nicolás Maduro y lo sacaron del país para ponerlo a disposición de la justicia de Estados Unidos. La operación requirió meses de inteligencia, fuerzas especiales y una enorme capacidad militar. Fue una demostración de que la administración de Donald Trump está dispuesta a cruzar fronteras que hasta hace poco parecían demasiado costosas incluso para Washington.
Pero trasladar mecánicamente Caracas a Culiacán sería un error, porque México y Venezuela tienen relaciones con Estados Unidos, capacidades institucionales, intercambios económicos y consecuencias estratégicas completamente diferentes. Una operación unilateral contra un gobernador mexicano provocaría una crisis de dimensiones enormes entre dos países que comparten más de tres mil kilómetros de frontera y una integración económica difícil de separar.
El precedente de Maduro, sin embargo, volvió menos sensato afirmar que determinadas acciones son materialmente inconcebibles sólo porque antes no habían ocurrido. Por eso no hay que descartarla del todo, pero por el momento, una eventual “extracción” de Rocha pertenece hoy al terreno de los escenarios extremos, no al de los acontecimientos previsibles e inmediatos. Conviene mantener esa distancia, ya que Estados Unidos dispone —antes de llegar a semejante punto—, de instrumentos jurídicos, financieros, migratorios y diplomáticos mucho menos costosos.
Por ejemplo, puede insistir en mecanismos de cooperación judicial, buscar una extradición si se cumplen las condiciones legales, imponer sanciones, cancelar visas, ampliar investigaciones sobre redes políticas y empresariales o aumentar la presión sobre funcionarios relacionados con el expediente.
A ese repertorio se añade la relación económica. Washington decidió no extender automáticamente el T-MEC por otros dieciséis años y abrió así un periodo de revisiones que introduce incertidumbre en una relación comercial de la que dependen millones de empleos. El caso Rocha no activa ninguna sanción comercial por sí mismo y sería irresponsable establecer una relación automática entre ambos asuntos. Donald Trump, sin embargo, ha usado aranceles y acceso al mercado estadounidense como herramientas de negociación en materias que rebasan estrictamente el comercio. México tiene demasiados intereses en juego para convertir la situación de un gobernador en un conflicto innecesario con su principal socio económico.
La desconfianza estadounidense tampoco nació con Rocha. Durante años ambos gobiernos acumularon diferencias sobre fentanilo, tráfico de armas, cooperación con la DEA y combate a las finanzas del narcotráfico. El huachicol mostró además que la reducción inicial del robo tradicional de combustible no significó la desaparición del negocio. Surgieron estructuras de contrabando, evasión fiscal, empresas fachada y operaciones transfronterizas que hoy forman parte de las investigaciones sobre las fuentes de financiamiento de los cárteles. La discusión con Washington se ha vuelto más compleja justamente porque ya no gira únicamente alrededor de capos y cargamentos de droga.
Claudia Sheinbaum tiene ahora un problema que los comunicados pueden contener durante algunas horas, pero no resolver. La Presidenta no posee facultades para destituir a voluntad a un gobernador constitucional y tampoco corresponde al Ejecutivo sustituir el trabajo de fiscales o jueces, pero teóricamente tiene autoridad política sobre Morena, interlocución con los gobernadores y responsabilidad directa sobre la relación con Estados Unidos. Monreal ya señaló una salida posible al pedirle a Rocha que solicite otra licencia mientras concluyen las investigaciones.
Y aquí hay un escenario cierto: si Rocha se mantiene en el cargo, Sheinbaum deberá administrar diariamente una contradicción incómoda. Su gobierno sostiene que combate la impunidad y coopera con Estados Unidos contra las organizaciones criminales, mientras un gobernador de su partido permanece al frente de una entidad estratégica pese a estar formalmente acusado por fiscales estadounidenses y después de haber provocado el rechazo público de buena parte del oficialismo. La presunción de inocencia protege sus derechos jurídicos, pero no elimina las consecuencias políticas de su situación.
El regreso de Rubén Rocha Moya terminó así produciendo algo que probablemente no estaba dentro de sus cálculos. En lugar de restaurar la normalidad de su gobierno, obligó a Morena a mostrar públicamente sus diferencias y a Claudia Sheinbaum a marcar una distancia que tres meses antes no había sido tan visible. También devolvió al centro de la discusión el papel de López Obrador, supuestamente retirado formalmente de la vida pública pero todavía ligado a personajes cuya carrera política dependió de su intervención directa.
Por ahora, los hechos dejan una escena bastante nítida. Rocha volvió; Gobernación aclaró que lo hizo por decisión propia; los gobernadores de la Cuarta Transformación se alinearon con Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal pidió a Rocha que solicitara nuevamente licencia.
Podría concluirse que detrás de todo esto aparece la figura de López Obrador. Incluso se ha extendido la versión de que Rocha Moya regresó al Palacio de Gobierno de Sinaloa porque el expresidente se lo ordenó, como respuesta al retiro de la visa de su hijo Andy y con el propósito de confrontar directamente al gobierno de Donald Trump. La hipótesis puede resultar políticamente sugerente y existen antecedentes que obligan a examinar la relación entre ambos, pero hasta ahora nadie ha presentado una prueba que permita sostener que esa orden existió. Como periodista, no puedo convertir una sospecha, por razonable que parezca, en un hecho.
Lo que este episodio sí permite advertir es algo quizá más incómodo para Claudia Sheinbaum. Un gobernador de su propio movimiento decidió regresar al cargo sin el respaldo del gobierno federal, provocó el deslinde de Gobernación, obligó a los mandatarios de Morena a cerrar filas con la Presidenta y llevó a Ricardo Monreal a pedirle públicamente que volviera a separarse.
El problema rebasa a Rocha y expone los límites que todavía enfrenta la autoridad política de Claudia Sheinbaum dentro de un movimiento que gobierna desde Palacio Nacional, pero conserva dirigentes, gobernadores y lealtades construidas alrededor del hombre que lo fundó y condujo durante más de dos décadas. Ése es el verdadero problema, la soga política que todavía la mantiene atada a una estructura de poder heredada que, como acaba de demostrar el caso Rocha, no controla por completo.
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Foto principal: Alberto Carbot