La mayor pregunta sobre el huachicol fiscal es qué tan a fondo llegará el gobierno de Sheinbaum con la investigación de la intrincada trama de intereses en aduanas. Abjurar de la ley del silencio es un paso fundamental para romper con complicidades, pero el mea culpa es insuficiente para convencer de que no habrá impunidad de la corrupción de autoridades y empresarios desde Tamaulipas hasta Tabasco.
La revelación oficial de las mafias del contrabando de combustible parece un rechazo tácito a esa norma no escrita de callar el delito en las instituciones y estamento militar. Así puede leerse también la declaración del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, de que “hubiera sido imposible callar”, aunque es más difícil identificar a quien apunta cuando habla de ir al fondo “trátese de quien se trate”.
La detención de 14 altos mandos navales y del militar de más alto rango en los últimos sexenios, el contralmirante Fernando Farías, arroja luz sobre un monstruo de un negocio ilegal de enormes fortunas y grupos que tocan al poder político como las mafias rusas. La decisión de Sheinbaum de poner el reflector sobre esta hybris recuerda el impacto del barón italiano que pronuncio por primera vez la palabra mafia tras un homicidio, sin saber lo que desataría sólo con nombrarla, y aquí, ¿hasta dónde puede conducir?
Por supuesto, la visibilidad oficial y el “golpe de timón” contra la corrupción del que habla la Marina, marcan una distancia con el gobierno de López Obrador que no aceptaba que existiera en las Fuerzas Armadas ni el delito huachicol fiscal; la evidencia de decenas de embarques entre puertos de Tamaulipas y EU desde 2023 tampoco deja lugar a la duda de un modus operandi como el que ahora describen las filtraciones de las pesquisas a la prensa.
Tanto como el conocimiento de esas redes en el gobierno de Adán Augusto López con el caso Bermúdez y la fractura del Grupo Tabasco por la decisión de hablar del gobernador Javier May. Pero eso no significa que Sheinbaum pretenda confrontarse con los “barones” tabasqueños y López Obrador, o al menos no abiertamente, como si ése fuera el único objetivo válido de investigar las tramas del huachicol. Sus opositores descuentan que si no es así todo será sólo una coartada para proteger a las verdaderas cabezas, aunque otra oportunidad pudiera perderse con la politización del caso.
Sin duda habrá sido duro aceptar el involucramiento de mandos navales en un caso que derrumba la imagen de incorruptibilidad de los militares como última red de probidad ante el crimen, como exaltaba López Obrador. Posiblemente, la Presidenta, el peso de los hechos o la presión de EU, no le dejaron opción, pero el jefe de la Marina cualquier sea el caso tomó la ruta de subirse al discurso de Sheinbaum de ventilar ese mal, aunque tampoco está claro si sea sólo para aceptar la culpabilidad o para desmontar la red de involucrados con su antecesor, Rafael Ojeda Durán, cuando floreció el negocio.
La Presidenta, como ahora el almirante Morales, aborda la investigación como un golpe a la impunidad de la ley del silencio, y la mejor manera de fortalecer a la institución. Su argumentación es correcta siempre que cumpla con su promesa de conocerse todos los nombres de funcionarios de aduanas, militares y empresarios coludidos con políticos en el negocio. Según sus palabras, prevalecen muchas interrogantes como determinar desde cuándo opera o cuántas empresas de México y EU participan en este robo al erario.
Pero la estrategia opositora de explotar el caso para poner en la picota a López Obrador y exhibir a la 4T sólo conducen a politizar la investigación y cerrar el camino a la Presidenta. Las filtraciones del expediente demuestran el golpeteo político para descarrilarla. Más cuando se acompañan de maniobras propagandísticas de amparos contra la detención de los hijos de López Obrador por parte de abogados del narco como Caro Quintero con listas de “huachicoleros”, que los medios reproducen como si fueran parte de la misma operación de difusión de pruebas de defectuosa culpabilidad.
La intención de acorralarla puede cerrar la oportunidad de ir a fondo en la investigación, si es que realmente existe; no sólo para sancionar el caso, sino también para reducir el espacio a la ley del silencio que protege a las mafias.
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