En razón de que provocan pérdidas millonarias para las instituciones por lo que es urgente sancionar a quienes realicen esta práctica, toda vez que de los 90 millones de llamadas que registró en 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 75 por ciento fueron simuladas.
Así lo propuso el diputado federal priista, Tomás Montoya Díaz, quien señaló que de acuerdo a datos de la Cruz Roja Mexicana, la movilización de vehículos y personal por una llamada falsa, puede ocasionar pérdidas de hasta 40 mil pesos por alerta, además de que se pone en riesgo la integridad física del personal y el parque vehicular.
Por ello, planteó modificar las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de Coordinación Fiscal, para que de esta manera se sancione a quienes realicen llamadas que denuncian hechos falsos y entorpezcan la movilización de corporaciones encargadas de brindar apoyo ante situaciones de emergencia.
“La iniciativa establece una sanción económica de hasta 500 veces el valor de la unidad de medida, como consecuencia del efecto económico que genera la movilización de unidades de emergencia”, destacó.
Además propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de que el Estado mexicano garantice el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas y los niños.
El objetivo, dijo, es “crear un mecanismo interinstitucional encargado de atender, de manera oficiosa, los casos de asistencia irregular y abandono en la educación básica; la detección de estas anomalías, serán turnadas a la Procuraduría de Protección del Menor, para su investigación, atención y seguimiento de tales casos”.
Subrayar que la iniciativa que reforma el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez; las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de Coordinación Fiscal, se turnaron a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.