Estira y afloja
Está muy claro que el gobierno federal dialoga con los sectores solo para alcanzar lo que quiere, si no demuestra que tiene oídos sordos como lo ha hecho con las cúpulas empresariales. Pero en lo que sí no dialoga, y no le interesa hacerlo, es en el tema energético. La directriz que hay es echar para atrás la reforma sectorial.
Lo grave es que la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle, Pemex y CFE implementan acuerdos, reglas o directrices que dañan las inversiones realizadas por empresas privadas, de capital nacional o foráneo para alcanzar un objetivo: que esas dos empresas sean monopolio y dicten la política energética en cada uno de sus ramos de especialidad. No sirven los demás órganos reguladores del Estado, solo Sener, Pemex y CFE.
Por eso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los 12 organismos que lo integran, la American Chamber/México, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y embajadores de la Unión Europea en México pidieron revocar el llamado “acuerdo de política de confiabilidad” en electricidad que impuso la Sener que, para la CFE, significará “volver a ser pilar del desarrollo nacional, a fin de lograr la independencia energética”.
Los calificativos contra esa disposición son de “ilegalidad”, violenta el estado de derecho, es arbitrario, castiga a empresas competitivas para favorecer a la CFE, paraliza inversiones y tira a la basura todo el andamiaje regulatorio creado para dar confiabilidad a todo el sistema eléctrico. Es claro que ni CFE ni Pemex han entendido que son empresas que no pueden ser juez y parte; deben opinar sobre el tema, pero no ser reguladores o dictadores de políticas públicas. Eso es lo que violenta el estado de derecho.
Por lógica, para buscar legalidad, los afectados recurrirán al amparo. Solo por la decisión del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril que impide a plantas eólicas y fotovoltaicas realizar pruebas preoperativas para favorecer a CFE, ya se presentaron seis amparos: Enel, Acciona, Fotowatio, Neon, X-ELIO y Peñoles, y vendrán más, por esto y por el acuerdo de confiabilidad de la Sener. Por el primero se impactan negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 entidades que pone en riesgo inversiones por más de 6 mil 400 millones de dólares. Hay más y le seguimos.
Cuarto de junto
En las próximas dos semanas, más de 60 empresas mineras deben presentar protocolos de seguridad ante las secretarías de Salud, del Trabajo y de Economía para poder reiniciar operaciones el uno de junio. De hecho otras industrias replicarán las medidas para reactivarse porque incluyen acciones de atención especial a mipymes de la cadena minera para que ese sector sea parte de la solución y no del problema, como ha señalado Francisco Quiroga, subsecretario de Minería.
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