Estira y afloja
Con un crédito por 600 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Román Meyer Falcón, fortalecerá la planificación territorial y urbana del país, y la formulación de acuerdos para agrupar varios sistemas urbano rurales que permitan concentrar acciones e inversiones intersectoriales de los tres órdenes de gobierno.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano impulsa este tipo de programas y por eso se logró un acuerdo interestatal para la creación de una Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México como avance tangible en la creación de un sistema institucional de gobernanza metropolitano, que en este caso incluye el Área Metropolitana más grande del país y tres estados (Ciudad de México, Estado de México, e Hidalgo) y que permitió la construcción del cuerpo legal respectivo. Se logró suscribir un convenio entre dos entidades, siete municipios y el Gobierno Federal para crear el Programa Territorial Operativo 19, en Santa Lucía, “como un hito en la coordinación intermunicipal para el desarrollo de un proyecto de máxima importancia federal como lo es el nuevo aeropuerto de Ciudad de México”.
Los recursos del BID, según la propia institución, apoyarán la formulación, gestión y consolidación de los planes, programas e instrumentos del orden nacional, estatal, metropolitano y municipal, relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano mexicano; el Banco del Bienestar será el agente financiero. Se parte del hecho de que el país cuenta con 74 Zonas Metropolitanas (ZM) integradas por 417 municipios, donde vive el 62.8 por ciento de la población frente a 12 ZM con 26 por ciento de la población en 1960, sin un marco institucional de planificación y gestión territorial adecuado.
Con este segundo apoyo financiero del BID, Sedatu eleva la meta de constitución de leyes estatales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano publicadas, para pasar de 12 a 27 leyes modificadas; más de las 15 originalmente planeadas. Se prevé para 2020 que el 50 por ciento de los municipios con más de 100 mil habitantes cuenten con un programa de desarrollo urbano actualizado, que incluye la coordinación intergubernamental y el uso de la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral dentro de los esfuerzos de planificación.
Hay que resaltar que los apoyos financieros también buscan enfrentar las realidades del cambio climático mundial, y el objetivo es lograr ciudades y territorios resilientes en el país ya que el 85.29 por ciento de los recursos de la operación se invierten en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
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