Una sombra de injusticia y muerte recorre el país.
Y lo peor: a ciencia y paciencia del Gobierno federal.
Peor aún: con el impulso del Gobierno federal.
Más de cuatro mil 800 empresas privadas ofrecen servicios de seguridad y protección sin tener personal capacitado, con frecuencia sin los permisos de ley y, más grave, sin ningún control.
Tienen más de 400 mil empleados a quienes mandan a la calle, o a instituciones públicas o particulares, con uniformes y altas tarifas pero sin la menor capacitación para dar el servicio por el cual cobran.
Así son, eran y serán los elementos a quienes se encomendó a los migrantes previamente recolectados por todas las calles de Ciudad Juárez y luego encerrados a cancel y candado para condenarlos a la muerte.
Y luego desde Palacio Nacional se les condena a una segunda sentencia: ellos querían liberarse y por eso prendieron fuego a las modestas colchonetas y sólo se recetaron el juicio terminal.
SIN CONTROL NI CALIDAD
A ellos se encomienda el Gobierno federal.
Cuatro mil 800 firmas de dudoso origen y mala calidad, muy pocos con permisos de armas pero sin preparación para usarlas, mil 500 con registro central -bien o mal- y dos mil 900 con autorizaciones estatales.
Hasta los números son confusos porque no hay orden: más de 30 asociaciones civiles las registran para darles referentes como si fueran permisos de portación y las exhiben fiables: son de la AMESP -Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, 225 firmas bajo control-, de la SEICSA -Servicios Especializados de Investigación y Custodia-, y así…
Y luego se detecta a Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul del dictador Daniel Ortega, con 130 contratos asignados por más de tres mil millones de pesos y sale la voz oficial a dar otra firma como responsable de los muertos de Juárez.
¿Por qué?
Porque el franquiciatario subcontrata y ahí está otro problema: así se gana más sin dar el servicio y se pagan salarios mínimos pero se cobran como profesionales y el Gobierno los paga y pone toda su estructura, contra la ley, a depender de ellos.
Por ahí vamos, pero para qué seguir, si SEICSA del cónsul de Ortega tiene algo así como 30 mil agentes y permiso federal -sí, del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador- para contratarse aquí, allá y allende el Gobierno federal y los 32 estados.
COBRO SIN GARANTÍAS
Y no crea terminado este problema.
Este fin de mes varias dependencias -Semarnat, Cancillería, FGR, Seguro Social, CFE, ISSSTE, ASF…- negocian con SEICSA del cónsul Elías Gerardo Valdés Cabrera nuevos contratos millonarios para entregarles su integridad institucional y física.
Como en Ciudad Juárez, donde esa firma y ese diplomático cobraron 460 millones de pesos -dato documentado por Latinus, Carlos Loret de Mola y Vanguardia- para dejar encerrados y condenados entre llamas y humo a 39 migrantes centroamericanos.
Pero queda claro lo narrado aquí el 6 de abril de 2021 y titulado de manera infalible por Teléfono Rojo:
Quizá debiéramos decir: pero tampoco tenemos quién nos cuide pero sí quién cobre por no cuidarnos y por explotar a más de 400 mil miserables a quienes les dan uniforme, macana y alguna arma porque las dependencias del Gobierno no quieren contratar personal, pagar lo justo, capacitar y darles prestaciones.
Por algo el Servicio de Protección Federal (SPF) de Luis Wertman Zaslav, no puede ocupar 30 mil plazas y por lo tanto cumplir con su misión de proteger instalaciones, personal y funcionarios de toda la administración pública.