Las compañías que ofrecen servicios de telefonía celular están obligadas a brindar servicios de calidad, por lo que debe multarse a las que incumplan o violen los términos de los contratos con sus usuarios, exhorta la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia de los servicios de telefonía celular y uso de datos.
La asamblea pidió que, en caso de no cumplir con los servicios, se fijen las multas conforme a la ley a las compañías de este ramo y la obligación de resarcir económicamente el daño a los usuarios.
Asimismo, en un dictamen aprobado en la sesión del 24 de junio, hizo un llamado a la Profeco para que realice una campaña nacional de información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores de servicios de telefonía celular y uso de datos.
Del mismo modo, que el IFT investigue las violaciones recurrentes de las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de datos, en contra de los consumidores, a fin de fijar las penas que conforme a la ley procedan.
En el dictamen aprobado por el Pleno se menciona que la reforma en telecomunicaciones establece que el Estado debe garantizar que este tipo de servicios sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
Por lo anterior, se agrega, los concesionarios están obligados a prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios.
Por ello, los legisladores consideraron fundamental la adecuada supervisión y sanción de las irregularidades presentadas en la contratación de servicios de telecomunicaciones, pues representan medidas que permiten la aplicación de lo estipulado en la reforma.
Puntualizaron que la verificación del cumplimiento de los términos estipulados en los contratos de adhesión resulta indispensable para asegurar los derechos de los consumidores y los beneficios de las telecomunicaciones en el país.