El Plan B no es una “reformita” o solo “morralla” de la Reforma Electoral. Como advertimos en la pasada entrega: “trae su venenito”… en las letras chiquitas.
Cabe en cinco laminitas de PowerPoint y en 21 páginas con todo y exposición de motivos, pero esta reforma constitucional y a leyes secundarias que propone el oficialismo es populista, centralista, interviene en la autonomía de los Congresos locales y ayuntamientos, además debilita la operatividad del INE y los órganos electorales al reducir costos y presupuesto.
Y todavía más.
Es ventajosa porque la 4T pretende reformar la Revocación de Mandato de la persona titular del Ejecutivo Federal para que se pueda llevar a cabo en el tercer o cuarto año de ejercicio; constitucionaliza el proselitismo presidencial y convierte a la presidenta Claudia Sheinbaum en la gran electora.
Así está la propuesta para modificar el artículo 35 constitucional: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.
Y si la Revocación de Mandato se lleva a cabo en 2027, Sheinbaum no sólo estará en la boleta de las elecciones intermedias, si no en campaña desde sus conferencias mañaneras y en sus giras de trabajo promoviendo el voto a su favor y de los logros de la “cuarta transformación”, como lo hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pero ahora sí, con todas las de la ley.
¿Y para qué se sometería el próximo año a Revocación de Mandato si tiene una popularidad de 70 por ciento? ¿Qué necesidad? Ah, pues no sólo están en juego 17 gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales, si no la renovación de la Cámara de Diputados.
Por ello esta reforma no es tan mínima como algunos suponen.
Tope a remuneraciones
¿Y qué más trae el Plan B? Plantea reformar, además del 35, los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, así como 12 de las leyes secundarias: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos.
En los cambios al artículo 115 constitucional el oficialismo propone que las presidencias municipales se integren por una sindicatura y de siete a 15 regidurías.
También se establecen topes en las remuneraciones de los consejeros y altos funcionarios del INE, organismos y tribunales electorales en los estados para que no ganen más que la presidenta de la República.
Se prohíbe contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
Con una visión centralista, la reforma gubernamental mete mano en los Congreso de los estados en cuanto a su presupuesto anual para que no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
El monto del presupuesto anual de los Congresos de las entidades federativas únicamente podrá actualizarse conforme a la inflación anual.
No podrán aprobar ampliaciones presupuestarias, transferencias, reasignaciones, adecuaciones presupuestarias, reclasificaciones administrativas o cualquier otro mecanismo que tenga por objeto o efecto incrementar directamente el presupuesto de los Congresos locales por encima del límite previsto en la reforma.
También le meten tijera al Senado de la República. A partir del próximo año habrá un ajuste en su presupuesto de 15 por ciento “para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país”.
Nada más que desde 2018 a la fecha la élite política partidista dominante en el Congreso de la Unión es morenista.
¿Se acuerda del senador Gerardo Fernández Noroña, quien gusta del turismo parlamentario, de mansiones y viajar en primera clase; de la vida de lujo de la diputada conocida como “Dato Protegido” y de su esposo, o de Adán Augusto López, ex coordinador parlamentario de los senadores morenistas, quien presume ser beneficiarios de herencias y fortunas, así como el notario número uno de Tabasco? Y hay más.
Iniciativa con errores
La iniciativa presidencial que se mandó al Senado también trae errores. Hay uno que causó alarma y un airado reclamo de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
En las páginas 10 y 15 se omitió incluir el principio de paridad en el artículo 115 constitucional vigente. Lo que fue considerado como una regresión histórica.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tuvo que aclarar que no hay intención de prescindir de dicha disposición y mediante un oficio solicitó a las comisiones dictaminadoras de la Cámara Alta corregir la omisión antes de su eventual discusión y aprobación.
Lo que no viene
Tras el desencuentro por la Reforma Electoral, los dos partidos aliados del Morena: el PT y el PVEM, decidieron apoyar el Plan B porque en la Consulta Popular ya no se incorporaron temas de carácter electoral como la reducción del financiamiento a los partidos.
Además, trascendió, petistas y verde ecologistas expresaron su apoyo al Plan B porque les advirtieron que, de no hacerlo, estarían dinamitando la alianza para las próximas elecciones.
Sin embargo, entre petistas y verde ecologistas hay voces de preocupación por las modificaciones a la Revocación de Mandato. Y ya se asoman algunas fisuras.
El diputado oaxaqueño Benjamín Robles, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, asegura que su bancada no aceptará que la Revocación de Mandato se realice el mismo día de las elecciones federales de 2027 porque daría ventajas a Morena con la presidenta en campaña.
Y otra vez hay dos grandes ausentes en el Plan B: sobrerrepresentación en el Congreso y “cero narco en las campañas”, sobre todo cuando está comprobada la intervención del crimen organizado en las elecciones y postulación de candidatos.
Pues ahí están girando los trompos y veremos en qué cara caen las pirinolas.
@castroclemente en X
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