NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Claudia Sheinbaum ha dedicado el arranque de su gobierno para sacar adelante las reformas del plan B que Andrés Manuel López Obrador dejó pendientes. Esa decisión política, justificada en la voluntad popular, dejará huella indeleble de una Presidencia que aún sin asentarse emprende una carrera solitaria de continuidad de la 4T, profunda e incierta, con la inminente desaparición de los órganos autónomos.
Aun así, se asoman nuevos estilos de ejercer el poder, que ella pareciera entender como impartir órdenes y esperar que se cumplan a la mayor brevedad, incluso tratándose de temas refractarios y complejos, y no necesariamente de su agenda. Así ocurrió con la reforma judicial en los primeros 15 días del sexenio, que suma contratiempos y amenazas legales. Y ahora otra en puerta, que cambiará el rostro del Estado con una política de recentralización de funciones de agencias constitucionales, como la Cofece, el Coneval o el Inai en el gobierno.
El primer problema de su discusión es verse esculpida en piedra con posiciones en blanco y negro de la dicotomía de los contrapesos o su muerte en el gobierno. Pero la evidencia para borrarlas de un plumazo no es clara, aunque en todos se motive en racionalizar recursos o la emancipación del poder económico. Algunos funcionan mejor o peor que otros, pero sus estructuras seguirán costando aún sin autonomía, porque sus funciones no se esfumarán, y no en todos dejará mayor independencia estatal ante la IP.
En el mundo hay diversas experiencias para definir su naturaleza, no todos son contrapesos, menos en México. Tampoco necesitan la misma estructura para evitar su captura, pero aquí se ponen en un mismo costal pese a diferentes condiciones de funcionar. Por ejemplo, el combate antimonopolios exige mayor autonomía para blindar a la Cofece de la presión política y de las empresas que debe regular; mientras que la tarea del Inai podría reorganizarse, por ejemplo, en la nueva Secretaría Anticorrupción, siempre que contara con tribunales administrativos para obligar a cumplir su mandato.
La decisión apresurada y sin análisis suficiente de la información no ayuda a redefinir el perfil de los órganos especializados, sin certeza clara que disipe dudas ni pruebas determinantes de su fracaso. Al Coneval se le reconoce eficacia para medir la pobreza y al INE en organizar elecciones; otros, como el IFT, no han podido abrir el mercado de telecomunicaciones. Por supuesto es una anteojera ideológica creer que la autonomía es igual a eficacia o que perderán sentido sin una “ciudadanización” simulada, pero también defender que bajar su costo conduce a erradicar la desigualdad.
En el fondo el tema es rehén de la polarización que ve su liquidación como oportunidad de derribar el “mito” de la modernización neoliberal del Pacto por México de 2013 del PRI y el PAN como prueba del compromiso de sus políticas con empresarios e inversores, que, ciertamente, se diluyó sin dar mayores resultados a la gente y los que amenazan con la idea de que sepultará la confianza, enojará EU y violará el T-MEC, y debilitará al Estado. Olvidan que ellos propiciaron que perdiera fuerza al abandonar la creación de un servicio profesional de carrera que contrarrestará el uso del Estado como “botín” de grupos políticos.
Pero llevarlos al patíbulo como trofeo contra el neoliberalismo también perjudica banderas tradicionales de la izquierda como la lucha antimonopolio en un país con altísima concentración de mercados. Por eso la pregunta clave es conocer los criterios de Sheinbaum para la reconfiguración del poder público, aunque la reforma venga de su antecesor.
Si bien en ninguna parte del mundo es posible tener un debate sin ideología, es necesario elevar su nivel por encima de consignas y chantajes. Para la Presidenta puede ser una oportunidad para mostrar, como intentó con la reforma judicial al final del sexenio pasado, de mostrar otro talante en la forma de gobernar alejada de las fórmulas de suma cero. Éste es el terreno para enseñar el sello de una científica y política de izquierda en la toma de decisiones a partir de la evidencia y apertura a la escucha real, que evite tirar al niño al agua sucia para causas de izquierda como la libertad de expresión y la lucha antimonopolio al calor del debate ideológico.