NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los pronunciamientos de Claudia Sheinbaum sobre las Fuerzas Armadas apuntan a la voluntad de consolidar el poder que alcanzaron en el actual gobierno. La entrega de la Guardia Nacional a los militares podría ver la luz como la siguiente reforma que el Presidente quiere legar para dejar bien atado su proyecto de transformación en la proa del próximo gobierno, con anuencia de su sucesora.
Las designaciones para conducir el barco del Ejército y la Marina siempre son importantes, pero en esta sucesión cobran especial realce por su creciente rol en la seguridad pública, control de migración y aduanas, o en la construcción y gestión de las mayores obras de infraestructura. Las expectativas son proporcionales a la multiplicación de sus tareas en áreas del gobierno civil; junto con los riesgos que se señalan acerca de su mayor protagonismo dentro de las instituciones.
Pero también por el “tiempo de mujeres” que lidera la primera en ocupar la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas cuando reciba la banda presidencial el 1 de octubre. Frente a este cambio histórico, la pregunta en los corrillos políticos y militares es qué implicaciones tendrá este hito en la forma en que Sheinbaum se relacionará con el Ejército. Por lo pronto, en el primer discurso que dirigió en el Colegio Militar a más de 20 mil efectivos, les prometió continuar la ruta de su predecesor de contar con ellos para las obras de su gobierno y seguir adelante con la controvertida reforma sobre la militarización de la Guardia Nacional.
Días antes ya había adelantado el nombramiento como secretario de la Defensa del general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor con López Obrador, y en la Secretaría de Marina al almirante Raymundo Pérez Morales, director del Corredor Interoceánico. Se trata de dos militares con posiciones estratégicas de coordinación operativa y técnica del Ejército, así como de alta responsabilidad en proyectos icónicos de infraestructura. Al general Trevilla, conocido por salir en algunas “mañaneras”, se le atribuyen trabajos de modernización operativa y administrativa en el Ejército, así como experiencia en el combate al crimen organizado en Michoacán y Coahuila; pero a ambos los distingue su cercanía con el Presidente.
Sheinbaum explicó su decisión en la “afinidad al proyecto” de su gobierno, honestidad y carecer de antecedente de violaciones a derechos humanos; uno de los aspectos que más preocupan de militarizar la seguridad pública, junto con los escasos resultados de esta vía para pacificar el país. En víspera de la discusión de la reforma de la GN en el Congreso, advierte que nunca dará una orden contra el orden constitucional o los derechos humanos para tratar de atajar esos temores.
Las consecuencias de la reforma son trascendentales por cambiar el modelo civil de la seguridad pública y los límites de la intervención del Ejército en tareas policiacas e investigación del delito. El último intento de sacarla adelante fue con la Ley de Seguridad Nacional en 2023, pero quedó trunca al año siguiente cuando la Corte la invalidó. Ahora parece casi asegurada por la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso. Y el voto del transfuguismo que enseñó el aquelarre de la reforma de Justicia en el Senado; a pesar de que la oposición la rechaza como la “militarización del país”, aunque más como discurso que por diferir con esa política contra el crimen.
El Presidente quería que la GN perteneciera a Sedena desde su creación en 2019, pero la oposición obligó a que mantuviera mando civil. En la defensa de su iniciativa desestima los riesgos del empoderamiento de los militares con el argumento de que provienen de una revolución social, a diferencia de otros ejércitos de las dictaduras latinoamericanas. Pero desde que están combatiendo al crimen hace tres sexenios han aumentado las acusaciones por abuso y violaciones a derechos humanos.
La futura Presidenta apoya la iniciativa con la idea de que el Ejército siempre ha obedecido al mando civil, al que incluso imputa el actuar incorrectamente en casos de violaciones a los derechos humanos, como la matanza de Tlatelolco, la guerra sucia y, más reciente, el crimen de Ayotzinapa. Su defensa de la reforma no tiene fisura con la exaltación de López Obrador sobre el apoyo de los militares a su gobierno, pero su relación todavía está por escribirse.