Número CERO/ EXCELSIOR
La presidenta Claudia Sheinbaum necesita recuperar la bandera anticorrupción para enviar una doble señal: exigir el cumplimiento de la ley al interior del gobierno y, hacia afuera, transmitir una imagen de compromiso contra las redes de corrupción política que están bajo el escrutinio estadunidense y cercan a gobernadores de las filas morenistas.
A dos años en el poder, Sheinbaum retoma una promesa central de campaña en un contexto distinto al que imaginó. Los escándalos por huachicol fiscal, factureras y la presión estadunidense contra la “narcopolítica” devuelven la corrupción al centro de la agenda pública; que el obradorismo daba por muerta y ella relegó a un plano lejano. Relanzar la idea del “gobierno abierto” en la mañanera —escenario por excelencia de la 4T— con la firma de un decreto en favor de la transparencia gubernamental tiene un claro sentido político. Las obligaciones de transparencia ya existen, incluso tras la eliminación del Inai; el problema ha sido su incumplimiento. En los últimos ocho años, la discrecionalidad permitió a los funcionarios reservar auditorías, contratos y restringir información de obras de infraestructura de la 4T y empresas públicas. Aunque reduce los supuestos de las reservas de información, mantiene manga ancha de la seguridad nacional como causal de opacidad. Pero ningún decreto haría falta si los funcionarios cumplieran la ley y los ejecutivos no fueran permisivos con la secrecía desde las auditorías en Pemex hasta la factura que pagaron a la FIFA por una cena del Mundial.
Ahora, los fraudes contra la hacienda pública y el costo político de las acusaciones de Washington obligan al gobierno a admitir que la corrupción no desapareció: cambió de rostro, se sofisticó y halló nuevas formas de capturar recursos públicos, delitos de alto impacto. Ahí está el principal desafío para Sheinbaum: su alta aprobación no ha cambiado la percepción de que la corrupción sigue entre los mayores problemas del país. Por eso el decreto de transparencia podría ser el primer paso de una reforma profunda al sistema anticorrupción, al que el gobierno ve agotado e incapaz de contener la impunidad. Su transformación también sería un reconocimiento de un problema estructural del Estado.
Sheinbaum adelantó que la Secretaría Anticorrupción, la ASF y el TFJA preparan reformas constitucionales y legales para reestructurar el sistema anticorrupción, debilitado tanto por Peña Nieto como por Morena. La meta sería tratar la corrupción como un problema político y sistémico, no sólo penal; pero, a diferencia del anterior, abre el riesgo de concentrar en sus manos la conducción de la lucha anticorrupción.
El primer reto será lograr una propuesta conjunta para llevarla al Congreso, algo que en la creación del SNA tomó años hasta que Peña Nieto cedió ante la explosión de escándalos de sus gobernadores. Del mismo modo, Sheinbaum apuesta por reconstruir un modelo de fiscalización y auditoría capaz de perseguir el desvío de recursos públicos y coordinación obligatoria de las instituciones anticorrupción.
Pero el tiempo apremia frente a la ofensiva de Trump y sus advertencias contra políticos que protejan a cárteles, además de nuevas recompensas por sus líderes. Tampoco hay margen fiscal para sostener el sangrado por huachicol, facturas falsas y el avance de la extorsión. El auge de esos delitos en el sexenio abrió un boquete multimillonario en las finanzas públicas. El problema ya no es sólo ético o político: amenaza la capacidad financiera del Estado. Lo más relevante de la propuesta filtrada es entender la corrupción como un fenómeno político, ligado a privilegios que alimentan la impunidad y protegen tramas de negocios ilegales o vínculos con el crimen.
Pero la prueba decisiva no será el contenido de las reformas, sino su alcance político. Si el gobierno quiere una política de Estado contra la corrupción deberá desmontar privilegios, redes de protección y complicidades que sostienen la impunidad, comenzando por los suyos. Si sólo castiga adversarios dejará de ser justicia y será otro instrumento de poder. Su credibilidad dependerá de si investiga también a sus aliados: ése será el verdadero criterio para juzgar su política anticorrupción.
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