Claudia Sheinbaum va con todo por la reforma judicial por considerarla un mandato popular mayoritario, como dijo en su discurso como Presidenta electa. El manejo del discurso político es polémico, pero nadie negaría que ese sistema está atrapado en la confusión, impunidad y autoritarismo. Ningún cambio ha logrado darle verdadera autonomía de otros Poderes y separarlo de la corrupción.
Por eso tampoco nadie duda que la iniciativa presidencial sea trascendental para las víctimas, que lejos de acceder a la justicia la mendigan en tribunales a magistrados y jueces, y en las fiscalías federal y estatales. Y la suplican con la espada de Damocles porque, en paralelo, se impone la tendencia a encarcelar sin juicio con la ampliación de la prisión preventiva, que facilita al Estado la aplicación de la ley, pero al costo impagable de conculcar el derecho humano a un juicio justo, oportuno y expedito. El 40% de los reos del país no tienen sentencia, la mayoría por infracciones menores.
Con una procuración que nulifica el castigado, es decir con 98% de impunidad de los delitos, resulta evidente que el sistema no funciona. Por si fuera poco, la liberación de delincuentes de alta visibilidad o cartera abultada corrobora cotidianamente el diagnóstico. Ahí está la decisión de un juez de dejar al góber precioso Mario Marín enfrentar en libertad un proceso por tortura y trata, que pone en riesgo a una víctima, Lydia Cacho o, de un togado en Oaxaca que absuelve a un exdiputado del PRI del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, aunque fuera revertido tras el escándalo.
Pero la cuestión es ¿qué tipo de reforma se necesita para recuperar la justicia? A nivel local está desestructurada. Es el espacio más vulnerable al autoritarismo de gobiernos estatales y el poder corruptor de empresarios o del crimen. Sobran ejemplos de la subordinación en casos tan visibles como el intento de la Fiscalía de Chihuahua de capturar al exgobernador Javier Corral en la CDMX en una persecución de su sucesora por combatir la corrupción de su equipo en el gobierno de César Duarte. Y también esta semana la renuncia de la fiscal de Sinaloa a “sugerencia” del gobernador para que la FGR investigue las irregularidades en la investigación del crimen del exrector Héctor Cuén una vez que atrajo el caso. Las fiscalías trabajan descoordinadas de la seguridad y no es el primer choque entre ellas, antes ocurrido con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
Si la mayor preocupación de la reforma de López Obrador es el riesgo para la división de Poderes, en los estados la independencia judicial es un desfiguro del que poco se habla. El patrón de esa relación es el autoritarismo en la impartición de justicia, tanto en los estados como en el ámbito federal. ¿Qué debe cambiar ahí? Esta pregunta insiste se escuchó en la consulta parlamentaria para la reforma judicial, pero sin claridad sobre qué y cómo procesaron los resultados de los foros del Congreso, y sin que el Poder Judicial hubiera llevado tampoco una propuesta a la mesa como prometiera la ministra Piña.
No obstante, el dictamen está listo para aprobarse en septiembre con la mayoría calificada de Morena conforme al plan C que llevó a las urnas. Su coordinador en el Congreso, Ignacio Mier, asegura que contiene más de 100 cambios de la iniciativa presidencial, aunque los trabajadores del Poder Judicial votarán un paro nacional para frenarla por considerar que los foros fueron una simulación.
Lo que se ha revelado de su contenido no desactiva el punto neurálgico de la reforma con la propuesta de someter a voto popular la elección de los ministros, magistrados y jueces, que iniciaría con la renovación total de la Corte en 2025.
