En la Reforma Electoral de 1996, una de las ocho grandes que se han llevado a cabo desde 1977, se establecieron reglas claras sobre el financiamiento público de las campañas electorales y los límites de gasto.
Se trató de reducir la influencia indebida del dinero ilícito en la política y en los partidos, pero a casi tres décadas de esa reforma, que también estableció igualdad de acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos, el “dinero sucio” sigue en las campañas.
Y más grave aún. El Instituto Nacional Electoral (INE) lo sabe sin poder frenarlo.
“El dinero ilícito ha seguido entrando en las campañas y nuestros informes de fiscalización lo demuestran”, reconoció el consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona, en una entrevista difundida por la prensa escrita.
La declaración del doctor Espadas, un ex militante del Partido Comunista Mexicano (PCM), del PSUM, del Partido Mexicano Socialista (PMS) y del PRD al que perteneció hasta 2007, ha generado una enorme inquietud porque la presencia del “dinero sucio” obedece, entre otros factores, a fallas en los mecanismos de fiscalización del propio INE.
Se estima que en las campañas y en los partidos fluyen una gran cantidad de pesos de gastos no reportados que tienen un origen privado ilegal y provienen también de los recursos públicos.
Por ello, el financiamiento ilegal “por debajo de la mesa” que corrompe la democracia mexicana; el uso de programas sociales para fines electorales y la penetración del narco en las campañas políticas, son temas que “calientan” el debate sobre la Reforma Electoral que impulsa el oficialismo y que ha creado, desde Palacio Nacional, una comisión integrada sólo por integrantes de la 4T con voz y voto.
Para evitar ser excluidos, ex presidentes del IFE y del INE, ex consejeros electorales, académicos y militantes de organizaciones políticas opositoras al régimen, han lanzado una propuesta de Reforma Electoral que no parta desde cero, y bajo el lema #ConsensoElectoral, plantean un “sistema eficaz de sanciones” por el uso de recursos públicos y privados.
Y con ello, sostienen: “una reforma construida con respeto y deliberación no es un asunto exclusivo del poder, es una demanda nacional creciente en la que deberán estar incluidos todos”.