A diez años del mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México, causado por el complejo minero Buenavista del Cobre S.A. de C.V., empresa de Grupo México, el Gobierno de la Cuarta Transformación presentó un informe sobre la historia de la contaminación del Río Sonora, las acciones para resolver el problema y la situación actual tras este hecho.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, recordó que el 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en la presa Tinajas 1, afectando los ríos Sonora y Bacanuchi, además de ocho municipios.
En conferencia de prensa explicó que en julio de 2021 el mandatario instruyó implementar el Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar.
En el eje de Salud Ambiental y Derecho al Agua se han celebrado 18 reuniones con las comunidades y el sector ambiental. Además, suman 616 muestreos de agua superficial, agua de pozo, red de abastecimiento, sedimentos, aire, suelo, flora y fauna.
El Dictamen Diagnóstico Ambiental Río Sonora se elaboró a solicitud de las comunidades. Es un estudio integral a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que muestra la contaminación actual de la región tanto en agua, aire, flora y fauna. Se presentó al pueblo de México el 28 de septiembre de 2023 y está disponible para consulta pública en https://www.gob.mx/semarnat/documentos/dictamen-diagnostico-ambiental-rio-sonora.
El gobierno de México, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua en Sonora rehabilitó seis plantas potabilizadoras fijas. La primera planta en funcionar fue la de San Rafael de Ures, a cargo del IMTA, e inició actividades en abril de 2023 bajo la operación de la comunidad previamente capacitada por el instituto.
El resto empezó operaciones al inicio de 2024 con el apoyo del gobierno de Sonora y el IMTA realizó especificaciones de proyectos para la construcción de cuatro plantas nuevas en Huepac, Aconchi, Baviácora y Arizpe, a cargo de la administración del estado.
El presidente López Obrador también solicitó a las y los servidores públicos elaborar un nuevo Plan de Remediación supervisado por la SEMANART y consensuado con las comunidades. En materia de agua incluye medición del acuífero y extracciones, tratamiento de lixiviados, drenaje y saneamiento, así como agua segura para la población.
En cuanto a aire y suelo, el plan contempla fitorremediación a mediano plazo, fitorremediación a largo plazo, manejo integral de residuos vegetales y monitoreo de contaminación atmosférica.
“Vamos a darle seguimiento, se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan y es muy importante que quede el expediente abierto. No hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y a la reparación de los daños, por eso las denuncias que se han presentado”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la atención a población y entornos afectados por el derrame en el Río Sonora.
Informó que hay una denuncia penal en proceso en Sonora y otra en la Fiscalía General de la República contra los responsables del desastre minero.
“Quedan pendientes de resolverse los dos juicios. El primero que tiene que ver precisamente con el fideicomiso y con la resolución pendiente para que haya una reparación del daño derivado del derrame. Y, segundo, una denuncia penal presentada por la SEMARNAT en 2023 en contra de Grupo México precisamente derivado de este derrame de 2014. Entonces están siguiendo su curso tanto la denuncia penal como el juicio pendiente de resolución, pero seguimos avanzando en las mesas de diálogo”, añadió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
Independientemente de los juicios, dijo, se instaló una mesa de trabajo con Grupo México. Se acordó la implementación del Plan de Remediación, el cual señala que en materia de agua se necesitan potabilizadoras y redes de agua potable para abastecer a 24 comunidades con una inversión de 295 millones de pesos.
En el eje de Trabajo Digno dentro del Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora, mil 409 extrabajadores que trabajaron en la Mina de Cananea durante toda su vida y no tenían acceso a una pensión, actualmente reciben el equivalente a 7 mil 572 pesos mensuales.
La SEGOB apoyó a la sección 65 del Sindicato Minero para atender la demanda histórica derivada de la huelga de 2007. Se inscribió a 405 mineros al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significa una inversión de 9.5 millones de pesos.
También se respalda a 3 mil 849 trabajadores mineros con juicios pendientes de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el eje de Atención Médica, el IMSS, a cargo de Zoé Robledo Aburto, lleva a cabo la remodelación total del Hospital General de Cananea, contrata médicos y especialistas capaces de atender la demanda en el municipio.
Además, incrementó de cinco a 13 los consultorios en la Unidad Médico Familiar del IMSS y amplió y remodeló el área de quirófanos del Hospital General de Subzona Médico Familiar No. 12.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecutó tres obras fundamentales: la rehabilitación de la Avenida Benito Juárez, la renovación de la plaza principal y la casa de cultura y su entorno.
Causas del derrame
Las causas del desastre ambiental se atribuyen a que el sistema de lixiviación se construyó un año antes del desastre, es decir, entre junio de 2013 y junio de 2014. La presa Poniente falló con las primeras lluvias ordinarias de 2014 y, de acuerdo con la SEMARNAT, la forma en que se dio el derrame demuestra negligencia en el diseño hidrológico del sistema.
El 15 de septiembre de 2014, Grupo México y la Profepa del gobierno de Enrique Peña Nieto celebraron un convenio que consistía en implementar un “Programa de Remediación Ambiental” y la constitución del Fideicomiso Río Sonora. El objetivo principal era levantar la clausura.
El monto inicial comprometido como parte del fideicomiso era de 2 mil millones de pesos y sólo entregaron mil millones de pesos.
El fideicomiso reportó un ejercicio de mil 237 millones de pesos, de los cuales 309 millones de pesos fueron pagados fuera del fideicomiso con aprobación de los integrantes del Comité Técnico y de los mil millones de pesos le fueron devueltos a Grupo México 77 millones de pesos.
Algunos gastos del fideicomiso son:
– 32.4 millones de pesos en la estrategia de comunicación social (cantidad cuatro veces mayor a la entregada a personas afectadas).
– 7.8 millones de pesos otorgados directamente a las personas.
– 4.7 millones de pesos en una planta potabilizadora en Bacanuchi que sólo operó hasta 2017.
– 185 millones de pesos en tinacos.
– 71.1 millones de pesos gastados en una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, la cual abandonaron en el gobierno anterior en obra negra, según reportes ciudadanos.
