Asegura estar en Washington, pero la justicia lo ubica en Lisboa. Entre el expediente judicial y la autopromoción mediática, fabrica un relato que confunde, dilata y busca salvarlo del regreso a México; su estrategia digital pone en jaque el relato oficial
Simón Levy fue detenido en Portugal a petición de México, pero ha desplegado una narrativa paralela: asegura encontrarse en Washington y haber sido víctima de un ataque. Entre los datos verificados —resoluciones judiciales lisboetas, ficha roja de Interpol y grabaciones del hotel donde realmente estaba—, y su relato alternativo, se teje un montaje en redes destinado a retrasar su extradición, reconfigurar su figura de acusado a potencial víctima y ganar tiempo jurídico y operativo. Su circo mediático no es un accidente: responde al alto riesgo reputacional y legal que enfrenta, si el proceso sigue su curso sin interferencia
El pasado miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el exfuncionario federal y empresario Simón Levy Dabbah fue detenido en Portugal a partir de una “ficha roja” emitida por Interpol, derivada de dos órdenes de aprehensión giradas en México.
Las órdenes correspondían a delitos vinculados con responsabilidad de directores de obra y daños patrimoniales, y derivan de procesos por inasistencias reiteradas a audiencias en territorio nacional.
Según el comunicado oficial, Levy compareció ante la autoridad judicial en Lisboa, donde se le impusieron medidas cautelares: permanencia en el país, control de identidad (termo de identidade e residência) y restricción de salida hasta que se resuelva su entrega a México.
Frente a esa versión, Simón Levy ofreció entrevistas grabadas donde negaba estar detenido, afirmaba residir en Washington D. C. y manifestaba haber sido objeto de un atentado en territorio estadounidense.
Sin embargo, las cámaras del abogado de una de sus denunciantes, el litigante Juan Fuentes, captaron imágenes del Hotel Myriad by SANA Hotels, en la zona de Parque das Nações de Lisboa, desde el cual Levy habría dado su entrevista en la red, alegando estar en Washington.
Esa localización pone en entredicho la versión declarativa: mientras Levy dice encontrarse en Estados Unidos, las evidencias visuales lo ubican en Europa.
El fondo del caso no es sólo de geografía: se trata de un proceso de extradición internacional, con implicaciones jurídicas de alto calibre, y cuyo desarrollo el principal interesado parece querer entorpecer mediáticamente.
México —a través de su gabinete de seguridad—, confirmó que la detención fue notificada por las autoridades portuguesas el martes 28 de octubre, e informó que el proceso de entrega se encuentra en curso.
Para la FGJCDMX, la estrategia de Levy consiste en diluir su carácter de acusado y convertirlo en “víctima de persecución”, apelando a un relato de atentado y huida que cambia el eje del conflicto.
Desde un ángulo procedimental, la situación es clara: la detención con medidas cautelares no equivale a libertad plena, y el hecho de estar fuera de prisión no significa estar fuera de proceso.
En este contexto, la narrativa de su fantasiosa estancia en Washington funciona como pantalla informativa: crea distracción, desorienta y obliga a autoridades y medios a revalidar datos de paradero y procedimiento.
Simón Levy, durante su tiempo como subsecretario de Turismo, construyó una red de contactos y exposición pública que hoy le sirven como plataforma para comunicarse directamente con el público, sin intermediarios jurídicos o institucionales.
Su ventaja, desde su punto de vista, es que la exposición activa le permite saltar los filtros oficiales y presentarse como actor que toma la iniciativa, en vez de sujeto pasivo de un proceso.
Otro componente de su estrategia es ganar tiempo. Cada semana, cada video en redes y cada declaración fortalecen una “zona gris” antes de que se consolide la entrega; mientras tanto, puede mantener su agenda, su visibilidad y quizá sus negociaciones.
La reconfiguración discursiva de acusado a perseguido implica varios efectos: movilizar simpatías, fomentar dudas sobre la legitimidad del proceso en México y colocar en el tablero público el esquema “yo fui víctima de un atentado” frente a “yo estoy acusado de delitos”.
Esta inversión narrativa no es inocente. En procesos de extradición, la visibilidad mediática puede convertirse en presión sobre los operadores judiciales y diplomáticos, y en algunos casos incluso en bloqueos informales.
Igualmente, la versión del atentado funciona como palanca para abrir la puerta a argumentos de persecución política, lo cual —de ser verificado—, podría complicar la entrega o alterar su perfil jurídico. Hasta ahora, el atentado permanece como declaración sin aval público ni respaldo documental.
Del lado oficial, los desafíos no son menores. Hay que mostrar la cadena de custodia, transparentar el trámite de entrega internacional, presentar la cronología del arresto y garantizar que la extradición se procese sin dilaciones indebidas.
Las fuentes jurídicas coinciden en que el tribunal lisboeta dejó a Levy en libertad bajo condiciones mientras se verifica su nacionalidad y se decide sobre su entrega. Desde el punto de vista judicial, él está “en cautelares” y con obligación de comparecer.
Para los periodistas que hemos seguido el caso, el contraste entre lo que se ve —el hotel lisboeta grabado por el abogado Juan Fuentes—, y lo que Levy dice (“resident in Washington”) es clave: ahí se abre la fisura que permite construir la narrativa.
También conviene analizar la dimensión reputacional: Levy enfrenta dos frentes simultáneos —el penal en México y el mediático ante sus audiencias—. Su esfuerzo comunicativo busca amortiguar ambos riesgos.
Para la denunciante Emma Santos y su abogado Fuentes, la estrategia de Levy es una maniobra de distracción: mientras el expediente avanza en Lisboa y en México, él construye un relato paralelo.
Desde la óptica de la defensa —o de quien actúe como “abogado del diablo”—, puede alegarse que su detención fue técnicamente una presentación judicial seguida de libertad condicionada, y, por tanto, no implica la imagen de “fugitivo” que él dice que le atribuyen.
También cabe considerar que la afirmación de “Washington” podría derivar de una interpretación errónea de ubicación o de un intento genuino de residir en EU; pero mientras la documentación judicial no coincida, el escenario seguirá siendo el de una batalla de relatos.
Hay que situar los hechos verificables y contrastarlos con las afirmaciones, para intentar suponer dónde radica la veracidad y hasta qué punto la versión del exfuncionario puede sostenerse frente a la evidencia documental.
En el terreno informativo, el uso de redes sociales por parte de Levy le da autonomía sobre su mensaje, pero también lo expone a verificación pública inmediata: el video del hotel en Lisboa lo confronta directamente.
En la agenda de seguimiento quedan la fecha exacta de comparecencia ante el tribunal lisboeta, el número de proceso de extradición, la eventual denuncia formal del atentado en Estados Unidos y la evolución de las medidas cautelares: firma mensual, prohibición de salir del país y entrega de pasaporte.
El caso es ejemplo de cómo los procesos de justicia internacional pueden verse acompañados de ruido mediático, y de cómo los acusados intentan recodificar su propia narrativa antes de que la autoridad cierre el cerco.
Para México, la entrega de Levy sería una señal de efectividad institucional; para él, mantener su versión y su visibilidad podría convertirse en una forma de amortiguar daños y ganar tiempo.
Mientras tanto, el público espera resultados, los medios verifican ubicaciones, las autoridades formalizan acuerdos y Levy conserva una presencia pública cuya coherencia sigue en disputa.
Está claro que se trata de un caso que entrelaza extradición, estrategia comunicativa y juego de poder simbólico: un exfuncionario que no acepta el papel de acusado tradicional y lleva la disputa al terreno de la percepción pública.
En los próximos días sabremos si su narrativa paralela se consolida —con pruebas del supuesto atentado, una verdadera estancia en
EU, o algún respaldo jurídico internacional—, o si los hechos documentales —detención, medidas cautelares y eventual entrega—, prevalecen y desinflan definitivamente su construcción mediática.