Estira y afloja
Tienen razón empresarios, senadores y diputados, funcionarios de gobierno, analistas y demás cuando afirman que el T-MEC abre grandes oportunidades de negocios para México y de crecimiento económico que tanta falta hace. Solo falta la aprobación del tratado comercial en el congreso de Canadá, y no se esperan problemas.
No obstante, para aprovechar el potencial de oportunidades, México tiene que atender una demanda constante: seguridad jurídica para la inversión. El miércoles, por enésima ocasión Carlos Salazar, presidente del CCE demandó certidumbre y claridad para los inversionistas. Lo secundó Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, quien expuso que “nos está costando mucho trabajo convencer a nuestras casas matrices de continuar invirtiendo en México”.
En esta ocasión el señalamiento se hizo porque no se avanza en el diálogo sobre el programa de inversión en el sector energético que debe darse a conocer en febrero. Hay interés de canalizar miles de millones de dólares al sector petrolero y al de energía eléctrica, pero las reglas del gobierno no dan ni seguridad ni certeza. Millones de dólares están paralizados.
En el T-MEC, Estados Unidos y Canadá reconocen el derecho soberano de México a regular este sector conforme a sus leyes. “México tiene el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la parte continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente”. Ahí no está el problema, está en la falta de reglas claras que no se modifiquen a capricho político.
Hay que recordar que el T-MEC establece que “cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas”. El trato debe ser “justo y equitativo” con “protección y seguridad plenas”, que incluye la obligación de no “denegar justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos”. Ya se sabe que habrá instancias jurídicas para dirimir diferencias.
Por cierto, en materia laboral, el gobierno de Donald Trump aportará 240 millones de dólares en cuatro años para monitorear y hacer cumplir el tratado comercial; 30 millones serán para financiar la permanencia en México de agregados labores que deberán garantizar la reforma laboral, las negociaciones colectivas y el respeto a la libertad de derechos de asociación.
Un punto adicional: desde junio de 2019 se ligaron seis meses consecutivos de salida de flujos de capital extranjero en la tenencia de valores gubernamentales. En diciembre hubo una recuperación, precisamente por las señales positivas de que se firmaría el T-MEC; entraron 109 mil 25 millones de pesos y se revirtió la tendencia.
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