Miguel Gaytán y Cecilia Hernández.-
El coordinador de la diputación panista, Marko Cortés Mendoza, urgió a los senadores del PRI y del PVEM que no den la espalda a una demanda social y una exigencia de la ciudadanía a ser honestos y comprometidos, para que aprueben las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la 3de3, que se discuten en la Cámara Alta.
Indicó que no proceder en esa forma, “hacemos responsables a los Senadores del PRI y sus aliados del Partido Verde por este atraso que afecta el combate a la opacidad, la corrupción y a la impunidad. Su indecisión no solo ha afectado los trabajos en el Senado sino que también ha impactado en la Cámara de Diputados”.
Cortés Mendoza recordó que la administración de Enrique Peña Nieto impulsó una reforma para desaparecer la Secretaría de la Función Pública, con la promesa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, pero, sin embargo lamentó que ésta quedó como un mero compromiso de campaña no cumplido hasta ahora.
El político michoacano indicó que en el tema de la fiscalización, que es otro de los grandes cambios que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción, se busca desarrollar un nuevo esquema para fincar responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas.
Destacó que los dictámenes que están pendientes de aprobar en el Senado, son la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción; la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que da cuerpo a la figura del Fiscal Anticorrupción; también la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para incluir la obligatoriedad del “3 de 3”,
Aseguró que Acción Nacional no ha dejado de dialogar para construir consensos con otras fuerzas políticas y poder concretar la aprobación de los dictámenes pendientes, como son la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, por la que se fortalecerá la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la iniciativa de la nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.