Un piloto deportado, el “blindaje” institucional a un gobernador y un libro que exhibe temores y fracturas han reactivado una conversación pública que va mucho más allá del secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.
Ya no se trata sólo de lo que ocurrió hace dos años. En la discusión mediática y digital se instala una duda sobre la consistencia del discurso oficial cuando se habla de soberanía, transparencia y Estado de derecho.
En ese entorno surge una misma pregunta: ¿es congruente el gobierno mexicano cuando pide explicaciones a Estados Unidos y reserva información relevante para México?
Todo parece indicar que hay un contraste brutal.
Desde el oficialismo se grita intervencionismo yanqui por la captura de “El Mayo” y por la denuncia del Departamento de Justicia de EU contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve personas más por presuntas ligas con “Los Chapitos”.
Se acusa al ex embajador estadounidense Ken Salazar de mentir sobre la detención de “El Mayo” Zambada y se despliega una campaña en su contra por revelar en su libro Borderlands que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador temía sobre lo que fuera a declarar el narcotraficante en Estados Unidos.
Y desde Palacio Nacional se agita el tambor de la dignidad nacional.
Sin embargo, en la conversación pública empieza a instalarse la percepción de que en los tiempos de la 4T se privilegia un Estado de lealtades por encima del Estado de Derecho.
La decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al gobernador Rocha Moya y a los otros nueve del llamado “enjambre sinaloense”, así como reservar su expediente hasta 2031, ha alimentado la sensación de una justicia selectiva.
Concluye la FGR que no hay pruebas suficientes para proceder con una orden de aprehensión con fines de extradición. Entonces el “blindaje” político y legal instala una pregunta: ¿para la 4T la lealtad partidista pesa más que la aplicación uniforme del Estado de Derecho y la cooperación creíble con Estados Unidos?
Rocha Moya se quedará en Culiacán “sin pruebas”, mientras otro caso está dominando la conversación pública porque se ha convertido en un símbolo de contradicciones, debilidad institucional y torpe manejo –por decir lo menos- por parte del gobierno mexicano.
Se trata de la deportación a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, el piloto que voló el avión que trasladó a “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024.
Tras el vuelo, Núñez Ojeda –piloto de confianza de Los Chapitos- fue deportado a México donde siguió con actividades delictivas.
Fue detenido por portación de armas y luego entregado a autoridades estadounidenses por decisión del Consejo de Seguridad Nacional del que forman parte la Sedena, Marina, Segob y la misma FGR.
Surge una pregunta obvia: ¿Y por qué entregaron al piloto si es clave en el caso?
La presidenta Sheinbaum ofreció que el Consejo de Seguridad Nacional de una explicación en los próximos días, pero entregar al único testigo directo que podía aclarar detalles clave termina alimentando la impresión de una profunda incompetencia.
Porque al final el debate ya no gira únicamente alrededor de “El Mayo”. Gira alrededor de la credibilidad de las instituciones mexicanas.
Y cuando un gobierno exige transparencia hacia fuera mientras deja preguntas abiertas hacia dentro, la conversación pública inevitablemente empieza a preguntarse si el problema está en Washington… o también en Palacio Nacional.
Ya veremos en los próximos días de qué lado caerá el trompo y la cara de la pirinola.
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