Sin duda que el viernes pasado, México vio caer su democracia ante la decisión del INE de aprobar la sobrerrepresentación a Morena y partidos aliados, que les dará mayoría calificada en la Cámara de Diputados y podrán cambiar la Constitución y aprobar el plan C.
A esto se suma que los legisladores de Morena y aliados en la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la reforma administrativa que implica la desaparición de siete órganos autónomos: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Consejo Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Esto prácticamente viene a reinstalar al poder supremo de un solo partido que, ante la desaparición de estos organismos, que fueron contrapeso en esta casi primera cuarta parte del siglo, el gobierno federal vuelve a ser juez y parte, con ello se abre una vez más la puerta a la opacidad y la no rendición de cuentas.
Además, si se concreta la reforma al Poder Judicial, entonces si, ya no habrá algún otro poder que pueda ser dique para evitar que el autoritarismo sea la única forma de gobernar en México
De acuerdo a analistas, expertos financieros y organizaciones empresariales, esto podría crear una gran incertidumbre respecto a colocar inversión en el país y esto podría traer grandes consecuencias.
Aseguran, los organismos empresariales que un punto porcentual menos de inversión privada en el país equivale a 0.30 por ciento en el ritmo de crecimiento del PIB nacional, esto podría golpear duramente a quienes menos tiene, porque ante la falta de crecimiento y riqueza, no habría creación de empleos, aumentarían los precios de los productos por su disminución en el mercado y el nivel de inflación escalaria más allá de lo que hasta ahora tenemos.
A nivel internacional, las calificadoras podrían reducir su estimación sobre México y esto se reflejará en menor captación de inversiones. Además, al interior del T-MEC, comenzarían una serie de controversias, porque México no cumpliría con los compromisos que asumió al momento de la firma del tratado comercial.
Ahora falta esperar que alguien sensato, se acerque a la presidenta electa y le señale que todos esos cambios no convienen a México, porque realmente estamos dando pasos hacia atrás y no hacia adelante.
México tendría que invertir demasiados recursos públicos en la creación de infraestructura, para asegurar a los inversionistas que contaran con los servicios necesarios de energía ele trica, agua potable, alumbrado público y seguridad pública.
Además, tendrán que garantizar que las políticas públicas serán encaminadas a ofrecer oportunidades de inversión a capitalistas garantizándoles sus recursos y plusvalía.