Miles de personas en 27 estados de la República se han visto forzadas a dejar su hogar e instalarse en otras regiones del país, derivado de la violencia generalizada, conflictos armados y violaciones a los derechos humanos, así lo informó el Ombudsman, Luís Raúl González Pérez.
Al presentar el informe sobre desplazamiento forzado interno en México, dijo que de acuerdo a un muestro e intercambio de información con los gobiernos locales, señaló que en 2016 se visualizan 35 mil 433 desplazados, quienes han salido principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y jalisco, por temor a resultar dañados por la violencia.
González Pérez dijo que este Informe resultó de un ejercicio de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas. Al tiempo que anunció que la Comisión Nacional tiene ya una propuesta de Protocolo de Atención para personas víctimas de DFI, que será puesto a consideración de las autoridades correspondientes
Durante la presentación pidió que se visibilice dicho problema aunado a provocar la acción estatal en favor de la prevención y establecer esquemas de atención a las víctimas bajo un perfil humanitario, con acciones efectivas y soluciones duraderas, para el retorno de las personas desplazadas a su lugar de origen o su reasentamiento.
Así como el Estado mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia, que establezca el marco jurídico base para la distribución y determinación de la concurrencia de atribuciones y obligaciones de las autoridades del Estado mexicano sobre el tema.
“Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”, afirmó.
Añadió que “la violencia, la inseguridad, la impunidad y, en términos generales, la debilidad de nuestro Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país, un número considerable de mexicanas y mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia”.
Insistió en la necesidad de crear un registro nacional implementado bajo estándares internacionales, así como considerar medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.
Al abundar en los detalles del Informe Especial, que arroja cifras propias del trabajo de la CNDH, el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, informó que servidores públicos de dicha área levantaron 166 actas circunstanciadas en diferentes lugares del país producto de las entrevistas y testimonios que obtuvieron, en los que se da real cuenta de la situación.
Que aplicaron mil cuestionarios en 63 municipios de las 32 entidades federativas mediante los cuales se recabó información precisa sobre la existencia de víctimas de desplazamiento forzado interno; de igual manera se solicitó información a distintas autoridades federales, estatales y municipales y se analizaron informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, criterios y argumentos de carácter doctrinal, normativo y jurisprudencial, y se consideraron testimonios de víctimas de dicho fenómeno.
En el Informe Especial se citan otros estudios sobre el alcance numérico del desplazamiento forzado interno, con independencia de ello, lo que se apunta aquí es el resultado obtenido por la Comisión Nacional a través de los testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios en donde se detectó a 1,784 personas que dijeron haberse desplazado, además se detectó a 35,433 personas víctimas del DFI, referenciadas por autoridades estatales y municipales, así como por víctimas de desplazamientos y otras personas que las conocieron, en tanto que distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6,685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5,364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16,092 personas.
Corso Sosa, apuntó que las cifras deben considerarse como muestra de la magnitud del problema, por lo que deben obtenerse datos precisos mediante un censo que verifique la cantidad de víctimas.