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Número cero/ EXCELSIOR

Resulta al menos paradójico discutir a lo largo del sexenio la centralización y concentración del poder en la Presidencia, al tiempo que el Estado se desdibuja en diversas regiones del país. Contrario a la opinión común, el peso de la soledad institucional se hace cada vez más fuerte por la pérdida del control de territorios, como desnuda una cruenta autodefensa de la comunidad de Texcaltitlán contra la extorsión y dominio del crimen organizado.

La “batalla” solitaria, el pasado fin de semana, de la población organizada para repeler a sicarios y “cobradores” de la Familia Michoacana, en una cancha de futbol del pueblo, encuera a un Estado débil o reblandecido por el crimen. Raquítico o subsidiario de éste en un doble sentido. Primero, por incapacidad de mantener su dominio en esa demarcación del Estado de México, como realidad inapelable que es sólo un pálido reflejo de lo que ocurre en otras partes y, segundo, la limitación de las instituciones para evitar el estallido de violencia de la comunidad a la que condujo a tomar la justicia por propia mano. Es un gravísimo problema no sólo del gobierno, sino del Estado.

La autoarmadura de Texcaltitlán, más que el fracaso de la política de seguridad, representa, para muchos, un perfil criminal como hipótesis de la personalidad de un Estado en que se permiten delitos como los que explican el linchamiento: extorsión, cobro de piso, sometimiento por un Estado paralelo, el del crimen. Pero la incidencia delictiva no sólo denota la ausencia de instituciones, que están ahí sin alcanzar a llegar a proteger a la gente y guardar la paz. Deja ver la reconfiguración de las funciones de un Estado delictivo con responsabilidad sobre los acontecimientos, de los que la clase política se desentienda en un camino sin retorno, aunque, en el discurso, se presuma la disminución de los delitos en noviembre a la cifra más baja en 7 años.

¿Texcaltitlán será un precedente? Probablemente no, pero pone en primer plano el nivel de hartazgo que lleva al levantamiento de un pueblo en su propia defensa, no obstante, la asimetría de fuerzas, como enseñan las imágenes. La exasperación no es un hecho aislado si, en perspectiva, se considera que desde 2016 suman más de 1,600 linchamientos en México, de acuerdo con datos de la UAM. La conmoción social por inseguridad, ejecuciones extrajudiciales, ilegales e inhumanas se extiende por otros estados como si asistiéramos a la ruptura del pacto de la comunidad con un Estado apalancado en el crimen. Vaya, ese narcoestado que el presidente López Obrador atribuye al sexenio de Calderón y que cree extinto, aunque Texcaltitlán lo ponga en duda.

Pero lo que está detrás de la reacción de la comunidad es la negativa a normalizar el crimen, con otra parte que consigne el saldo de 14 muertos más entre criminales y pobladores; otro “pico” de violencia en una escena tan infernal como cotidiana en que las instituciones parecen de papel y los pobladores habitar en un destierro de seguridad y justicia. El gobierno de Delfina Gómez no pudo ni meter las manos, a pesar de que la Sedena advirtió desde 2020 que Texcaltitlán era azotado por el crimen, y dos matanzas en los últimos dos años lo confirman. En estos casos, la autoridad se lamenta, ofrece la protección y el cobijo que antes negó, como el que tapa el pozo tras el ahogado: “No están solos, estamos con ustedes”, dijo Delfina, aunque todo sucedió sin presencia de la Guardia Nacional o policías estatales.

La autodefensa es una de las situaciones más amargas de la política de seguridad, no sólo por mostrar un duro fracaso, sino por exhibir los límites del Estado que, a su vez, obliga a las comunidades a reconfigurar su vida. Significa un punto de quiebre como resultado de la violencia permanente del crimen que toma funciones de Estado sin consentimiento de la población, hasta que un día toma conciencia de ello. Por eso no es extraño que esa escena siga irrumpiendo incluso con mayor fuerza que las viejas autodefensas de Michoacán o policías comunitarias en Guerrero, y ahora en zonas urbanas, si el próximo gobierno no responde al desafío o evade la discusión.

Las campañas no discuten el tema central del problema de las autodefensas, quizá por costos políticos para unos y otros. Pero nadie podrá sacar la vuelta el próximo sexenio como un gran reto para la gobernabilidad del país.