La pudrición avanzó en las entrañas del INE ante los ojos de todos y… nadie decía, ni hacía nada.
Avanzó por las oficinas centrales. Pasó por los escritorios de sus principales directivos y se fue consolidando una red de corrupción que golpeó, irremediablemente, el eje operativo del Instituto Nacional Electoral: sus trabajadores.
Sacude los sentidos saber que, antes de que se hiciera público el escándalo de los contratos del llamado “Clan Taddei-Hernández Casillas”, ya se tenía conocimiento oficial de presuntas irregularidades en el Instituto.
Y decimos “oficialmente” porque el Órgano Interno de Control (OIC) sabía que cinco empresas vinculadas entre sí a través de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas fueron favorecidas con numerosos contratos por parte de la ex presidenta consejera Guadalupe Taddei y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Pero no sólo al interior del Instituto se sabía. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que tenía conocimiento de las indagatorias del OIC sobre presuntas anomalías e irregularidades en el INE.
— ¿No nos pudo advertir de este cochinero?, reclamó la diputada panista Kenia López Rabadán al contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, durante la comparecencia del viernes 30 de octubre de 2026. Pero Carvente ya había comparecido en septiembre ante la Cámara de Diputados y no había dicho públicamente nada sobre lo que hoy se sabe… y de lo que él y Monreal ya sabían.
La cloaca, sin lugar a dudas, la destaparon algunos medios de comunicación que difundieron videos, audios, contratos e información sobre los millonarios recursos que han beneficiado al mencionado “Clan Taddei-Hernández Casillas”.
Pero hay más.
La corrupción no está sólo en la cúpula del máximo organismo electoral. Le pegó de lleno a la estructura del INE.
En una conferencia en la sede del organismo electoral efectuada el 27 de octubre, la periodista de Grupo Imagen, Aurora Zepeda Rojas, pidió a los consejeros que las investigaciones lleguen incluso hasta sus propias oficinas, porque denunció que los trabajadores son extorsionados para poder trabajar.
“Sabemos de trabajadores que nos han dicho que les descuentan de su sueldo para quedarse con el dinero, porque nos han dado también ya las cuentas bancarias del Órgano Interno de Control en donde también les rentan las plazas, y donde hay vocales ejecutivos, vocales distritales y locales, también candidatos a los OPLEs que han recibido amenazas o que se les pide dinero para poder tener audiencias o para poder estar en una lista de candidatos”, expresó.
Zepeda sostuvo que durante la gestión de Taddei —a partir de 2023 y hasta 2026— recibió denuncias de trabajadores y extrabajadores sobre cómo estaban desmantelado al INE; de acoso laboral y de cómo, en algunas oficinas, eran objeto de extorsiones, porque les estaban cobrando por trabajar.
“Tenían que entregar parte de su sueldo —en cuentas o en efectivo— para poder seguir trabajando” y mantener su plaza laboral. Además, ya habían detectado que se había tejido una red de corrupción.
Entre abril y diciembre de 2023, Aurora documentó alrededor de 900 renuncias porque a los trabajadores les pedían hacer cosas que “no se deben de hacer”.
En el diario Excélsior, Aurora difundió que el Órgano Interno de Control del INE — el mismo que investiga las anomalías en la administración de Guadalupe Taddei — estaría “colonizado” por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, y en el OIC se estaría solapando el descuento a empleados para conservar la plaza.
Gutiérrez Luna negó, en una carta aclaratoria, tener bajo su control plazas o allegados en el OIC.
En ese contexto, lo que está en juego no es sólo una red de contratos millonarios ni un escándalo mediático más.
Lo que está en juego es el corazón operativo del Instituto Nacional Electoral: sus trabajadores.
Mientras los reflectores siguen apuntando al Clan Taddei y a su proveedor favorito, en los pasillos del INE se respira un aire enrarecido entre sus trabajadores.
El esquema del “diezmo” — esa extorsión silenciosa que obliga a entregar parte del sueldo para conservar la plaza — no es un detalle menor. Es la pudrición que más daña, porque golpea directamente a quienes organizan las elecciones en el territorio, a quienes resguardan el voto y a quienes deberían ser el dique de contención de cualquier irregularidad.
Y un Instituto que permite que a sus propios trabajadores se les cobre por trabajar no puede garantizar elecciones limpias. Y un órgano de control que solapa o tolera el “diezmo” pierde toda autoridad moral para investigar a nadie.
Ahora que ya se destapó la cloaca, la pregunta ya no es si sabían.
La pregunta es si habrá voluntad real de limpiar, empezando por proteger y escuchar a quienes sostienen el día a día del Instituto.
Porque si otra vez se impone el silencio, la pudrición no sólo continuará: se consolidará.
Y entonces, en 2027, el costo no lo pagarán ni Taddei, ni los proveedores, ni los políticos.
Lo pagará la democracia.
Y ese es un trompo que a nadie le conviene hacer bailar.
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