NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Jugar con fuego ya no preocupa en un mundo en que la paz pierde centralidad en la política de los Estados. El rechazo por unanimidad de la Corte Suprema de EU a la demanda de México contra fabricantes de armas por la violencia del narco es otro claro ejemplo del bajo relieve de la convivencia democrática y de su falta de respuestas a una época dominado por guerras.
Las advertencias del poderoso lobby de la industria armamentística, de los más cercanos a Trump, evidencian otra vez su capacidad de presión cuando una salida al problema bilateral del narco puede afectar sus intereses. La decisión de desechar la demanda contra el tráfico de armas indica que ningún poder republicano allá mira más opción que apagar el fuego del crimen trasnacional con el fuego de su industria; qué más prueba de que nadie en una Corte de mayoría conservadora vea esa relación, aunque admitan el trasiego de armas por la frontera.
Ése es el dato relevante, el total rechazo de la Corte a ir contra de 11 fabricantes de armas que el gobierno mexicano acusó legalmente de prácticas “negligentes e ilícitas” que facilitan el tráfico a México; otro es que nadie esperaba otra resolución, aunque todos sepan que así ocurre en la práctica. El fallo recuerda la advertencia de Eisenhower en su despedida de la presidencia en 1961 sobre la influencia del complejo militar-industrial en la política, que ahora se extiende a ese gran lobby privado.
Los fabricantes empujaron el caso hasta el Supremo porque confiaban en que no reconocerían ninguna relación entre la conducta de las empresas y el daño que causan, por el precedente para demandas a otras compañías como las mineras o pesticidas. La Corte rayó casi en cinismo al justificar que México no presentó una argumentación “verosímil” de que ayuden o instiguen la venta ilegal a los cárteles, para inmunizarlos de cualquier acto ilegal que se cometa con sus armas.
Esa lógica del “América Primero” significa proteger a una industria a la que todo el mundo voltea a ver en los tiroteos y asaltos violentos en las escuelas estadunidenses; y de la que nadie duda, ni siquiera su gobierno, que sus armas cruzan ilegalmente la frontera. ¿Por qué no hacen nada para rastrear su destino? ¿Por qué su gobierno no da a conocer información del camino que siguen las armas cuando sí puede negociar con los cárteles? Ése es el tipo de interrogantes que casos como éste hacen que la sociedad haga preguntas y que socaven la democracia con leyes pretorianas para esa industria.
Aunque la falta de respuestas se desvía fácilmente a culpar al vecino del tráfico en su frontera y de no resolver su problema con la violencia de los cárteles; al contrario de cuando se habla de fentanilo, que lo hacen suyo como un asunto de seguridad nacional y que persiguen con sus leyes más allá de fronteras como guerra contra el terrorismo; o para luego ofrecer ayuda militar justificada en la paz y la democracia.
El fallo es de una lógica perversa y, por lo demás, esperable. Porque conduce a resultados perjudiciales y contrarios a la misma convivencia democrática. La cerrazón de la vía jurídica lleva a callejones sin salida de la violencia criminal y es negativa para el objetivo común de reducir amenazas a la seguridad y la salud. Y, en particular, debilita la posición de la presidenta Sheinbaum en la negociación con Trump, por perder una moneda de cambio ante sus pretensiones intervencionistas. El contrapeso que los jueces han jugado frente al gobierno de Trump, en este caso, ha sido contrario al compromiso con México de incluir el problema del tráfico de armas en la ecuación de la seguridad frente a la capacidad de fuego de los cárteles. Según sus datos, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EU y, sólo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México.
La derrota en el campo jurídico no necesariamente abrirá espacios políticos a México para mantener esa argumentación, aunque todavía tiene otra demanda contra las armerías en Arizona. Esta vía ha servido para dar visibilidad a la relación perversa del tráfico incontrolado de armas y la violencia de los cárteles, pero deja sin solución a la vista el problema común del narcotráfico, más allá de la “guerra” contra las drogas y la militarización de la frontera.
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