Número cero/ Excelsior
La polémica sobre la transparencia de la información en el fracaso del operativo en Culiacán refleja una confusión del gobierno entre un “derecho ciudadano” y la “derecha política”. Una mezcla que no es sino recurso retórico para intentar dejar preguntas y críticas sin capacidad de respuesta en la controversia por la liberación de Ovidio. El Presidente entiende la transparencia como voluntad del poder político y un compromiso de la autoridad, no como una prerrogativa ciudadana. Como facultad para hacer legítimo lo que conduce a los fines del gobierno, de su imagen, autoridad moral y sobrevivencia. Y comprende el acceso a la información como necesaria tutela del camino que llevan los perros cuando siguen la caza, como revela su carga contra la prensa.
El Presidente y los mandos militares convirtieron esta semana la conferencia mañanera en un reality show para defender sus versiones sobre el episodio más controvertido de la “guerra contra el narco”, en un formato que permite al Presidente responder lo que juzga conveniente. El modelo de comunicación es puntal del ejercicio de gobierno y permite al Presidente dar información a los periodistas y audiencias de manera directa porque, al igual que con los programas sociales, desconfía de intermediarios, en este caso de los medios como instrumentos de la “derecha” política y el conservadurismo. Pero la cronología minuto a minuto de los hechos no logró despejar las dudas que persisten sobre la acción militar y sus responsables, dado que la información, como moneda de un prestidigitador, se pierde entre lo que dice, quiso decir y silencia para no hablar; y al final querer creer que hacer público parte de lo ocurrido permite conocer “toda la información y con apego a la verdad” a pesar de que hoy los rebasaron hasta las “benditas redes sociales”.
Como defiende el Presidente, poner a disposición de todo el mundo la información del operativo de seguridad es un ejercicio de transparencia inédito y denota la importancia de esta función para su gobierno. Confunde transparentar parte de la información con la responsabilidad de informar y rendir cuentas de un operativo del que la autoridad mintió desde un principio. A pesar del ejercicio, el silencio sobre la gestión política de la crisis permanece envuelta en el silencio, con datos que se reserva sin necesidad de explicación, como exigen los estándares de acceso y transparencia a la información gubernamental, algo que desde hace dos décadas deben garantizar las instituciones de transparencia, a las que juzga, sin embargo, como fachadas de transparencia.
El esquema de las mañaneras recuerda la vieja definición de AMLO sobre el acceso a la información como la obligación de la autoridad de poner en los portales de transparencia de las dependencias lo que cree que las personas deben conocer, no lo que los ciudadanos necesiten saber, como garantiza la Ley de Transparencia. Uno de los objetivos de la transparencia es evitar la desinformación y el rumor, algo que ahora no se ha logrado pues el gobierno ha tenido que salir a atajar versiones de enojo en el ejército luego de corregir la plana a un militar que cuestionara la estrategia de seguridad. En cambio, ofreció el nombre del oficial a cargo de detener a Ovidio, sin reparar en los efectos sobre la investigación abierta por la fiscalía militar. Otra vez confundiendo transparencia con la privacidad de datos personales, que pueden afectar el debido proceso, pero útiles para atemperar las exigencias de responsables en las preguntas de los periodistas. A estos tocó el último bateo cuando el modelo de comunicación resultó superado por el caudal de versiones encontradas antes de asumirse la responsabilidad de los jefes políticos en el fracaso del operativo. En vez de ello, prefirió criticar a los medios por su “impresionante cobertura” y a los periodistas por sus cuestionamientos sobre falta de información. Otra vez la confusión, vio en ello un ataque del “conservadurismo” en vez de un síntoma de salud democrática y del ejercicio de los derechos.