El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que existen dos casos por judicializar contra Emilio Lozoya relacionados con defraudación fiscal, además de la adquisición de un astillero en España que genera pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras participar en el foro «Transparencia para combatir la corrupción», organizado por Deloitte, precisó que existen cinco órdenes de aprehensión sobre este caso, de las cuales se han complementado ya dos de ellas.
“La UIF ha presentado en ejercicio a sus facultades cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos de las cuales ya han sido judicializadas con los temas de Odebrecht y Agronitrogenados; se han presentado ademas dos casos de defraudación fiscal que se encuentran en la fiscalía en este momento”.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda expuso que también se encuentra pendiente la adquisición de un astillero en España, que ha reportado pérdidas a Pemex por 50 millones de euros, donde siguen en proceso de investigación para presentar la información a la Fiscalía.
“Hay un tema de no haber pagado impuestos por parte de una empresa y evidentemente todo lo relacionado, no solamente en el ámbito nacional, sino lo que hemos encontrado el lavado dinero del ámbito internacional”.
Y es que, consideró, el tema de enriquecimiento ilícito es un punto importante a considerar, en razón de que muchos de los recursos que son detectados no habría forma de que se pudieran acreditar en términos de lo que formalmente ganaba.
El funcionario precisó que en 2019 atendieron 670 peticiones de la FGR y en lo que va de este año llevan ya 51 peticiones atendidas, las cuales se tratan información de notas de inteligencia que sirven para la integración de las carpetas de investigación.
Al participar en el foro, Nieto Castillo señaló que el asunto Lozoya no es personal, se trata que las personas lleguen ante los tribunales y que los jueces, como en todas las democracias, resuelvan si hay culpabilidad o no.
“Sí estoy muy feliz… ha sido una lucha de muchos años, un enfrentamiento con el señor Lozoya de mucho tiempo, digamos que nos llevamos a denuncias, yo lo he denunciado cuatro veces, él tres”.
Añadió que los montos bloqueados alcanzan los 37 millones de pesos y 12 millones de dólares, en tanto que los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 73 millones de pesos.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, confirmó este miércoles que el ex director de Pemex fue detenido en Málaga, España, y que gobierno mexicano iniciará de inmediato los trámites de extradición.
Por otra parte, se pronunció por acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal que impide el desarrollo del país.
“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social de derecho, mantener una política de outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”.
En la inauguración del Parlamento abierto en materia de subcontratación, realizado en las instalaciones del Senado de la República con la participación de más de 60 ponentes, el funcionario consideró importante hacer un diagnóstico claro de la problemática de esta figura para contratar a los trabajadores mexicanos.
Desde su óptica, es preocupante la estabilidad de los trabajadores, las pensiones, el abaratamiento de la mano de obra, la pérdida de la antigüedad, la evasión fiscal y el no pago del reparto de utilidades, entre otros elementos.
Y es aún más alarmante porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pierde al menos 21 mil millones de pesos anuales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otros 324 mil millones de pesos anuales por la defraudación fiscal de las empresas “factureras”, apuntó.
Es evidente que el outsourcing no es una práctica “químicamente pura”, sino está vinculada con generación de empresas fachadas, como aquellas que facturan operaciones simuladas, apuntó Nieto Castillo.
Por tanto, indicó, es necesario analizar cada una de las características del outsourcing y, de detectar irregularidades, esas empresas deben combatirse con la aplicación de la ley.
Planteó además la posibilidad de generar una política nacional enfocada en la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y de criterios que pudieran ser interpretativos para maximizar el ejercicio de los derechos en el país.
Añadió que si bien se tiene un avance importante en los derechos de primera generación, es conveniente “dar una vuelta” en la construcción en los derechos de segunda y tercera generación a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.
NTX