NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La cita de los órganos autónomos con sus juzgadores en el Congreso tiene sabor al fin de una época. Con su ejecución termina un modelo que llevó en las últimas tres décadas a incluirlos en la Constitución como promesa de democratización, aunque su partidización los recortó como contrapesos a la discrecionalidad y opacidad del presidencialismo.
La eliminación de éstos no es sorpresa, dado que fue “caballo de batalla” de la crítica de simulación institucional que López Obrador enderezó en su sexenio contra los gobiernos del PRI y el PAN. El dictamen que dejó planchado la legislatura anterior fue el último de las reformas del plan B con que impulsa su proyecto de cambio de régimen o, en palabras opositoras, para mandarlas “al diablo”.
Se extinguen en medio de disputas ideológicas entre la defensa de los contrapesos y enterrar las reformas del Pacto por México, sin análisis ni un debate informado. Sin embargo, es una oportunidad para el gobierno de Sheinbaum de relanzar la protección de derechos como el acceso a la información pública, la preservación de datos personales o reducir el castigo de los monopolios a los consumidores; garantías que son tradicionales banderas de izquierda.
Fueron creados como respuesta del Estado a necesidades que no podía cumplir por falta de credibilidad y especialización. Con el tiempo algunos se retrasaron ante los cambios tecnológicos, otros tuvieron resultados limitados por la captura partidista, ineficiencia o debilidad ante poderes públicos y privados. La idea de su mayor eficacia se deterioró, mientras cobró fuerza el reclamo de devolverlos a la administración central para evitar mayor fragmentación estatal, aunque detrás haya la intención de reforzar el poder presidencial con la centralización de sus funciones en el Ejecutivo.
Pero ninguna de sus funciones ni los derechos, desaparecen con la reforma, aunque pierdan la autonomía. Por ello a Sheinbaum se le presenta una buena ocasión de defender las libertades que protegen y evitar hacer una ficción de ellos o simularlos o, que resulte sólo en un triunfo póstumo de López Obrador contra una “burocracia dorada” a la que quiso acabar por considerarla un despilfarro e ineficaz contra la corrupción. La misma justificación con la que los legisladores de Morena acatan la voluntad de desaparecerlos, aun si implica violaciones al T-MEC, como con la Cofece o el IFT.
Desde cualquier óptica sería inadmisible que, por quitar los galones al modelo del pasado, se reforme para degradar el combate antimonopolios, el derecho a la información o la transparencia gubernamental. La concentración de mercados es muy alta en México y desde la pandemia aumentó en áreas económicas masivas como las telecomunicaciones, la telefonía, la banca, alimentos o medicinas; tan absurdo como abandonar la protección de datos personales amenazados por la tecnología o la fiabilidad para medir la pobreza.
Sheinbaum ofreció un parlamento abierto para analizar su reestructuración, fusión o integración caso por caso a otras dependencias. Otra vez el Congreso se le adelantó con la prisa de consumar el plan B, igual que con la judicial. Era la ocasión para examinar desde la política pública unos órganos que exigen neutralidad técnica e imparcialidad, lo mismo para impedir la opacidad gubernamental que el abuso a los consumidores o blindar la lucha antimonopolio de presiones políticas o económicas de las empresas reguladas.