México podría iniciar el próximo sexenio con el desafío de generar la confianza suficiente para que los inversionistas sigan observando a nuestra nación como uno de los nichos más importantes para colocar sus capitales.
Pero para ello deberá convencer tanto a mexicanos como extranjeros que el Estado nación está más fortalecido, no porque así lo decidieron las autoridades electorales, sino porque la nueva administración trabajara para todos los mexicanos y dejara de lado las acusaciones, y descalificaciones hacia quienes no piensan igual que ellos.
La debilidad con la cual queda el estado de derecho, como consecuencias de las reformas legales y la constitucional al Poder Judicial, representa el desafío más preocupante en este momento.
La amenaza de la desaparición de instituciones que permitieron una mayor claridad en el uso de los recursos públicos se convierte en la posibilidad de que la corrupción siga incrementándose.
Y esto podría evitar una prosperidad compartida, prometida por la nueva presidenta de México Claudia Sheinbaum, que es un desarrollo económico inclusivo, para asegurar que la riqueza pueda llegar a todos los sectores poblacionales en el país.
Porque el factor determinante para que haya crecimiento económico, y desarrollo para ofrecer más oportunidades, es la solidez de nuestro estado de derecho. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza, en el que todos los miembros de una sociedad, especialmente el gobierno, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales, en otras palabras, es el respeto a todo un sistema legal.
Cuando contamos con instituciones que dan seguridad, certeza jurídica y acceso a la justicia, entonces hay leyes y sanciones que rigen la cotidianeidad en la vida en sociedad, y eso permite la atracción de inversiones y el crecimiento económico.
Pero esto no puede ser posible si seguimos el camino de seguir debilitando, destruyendo y desapareciendo las instituciones de nuestro sistema judicial.
México y específicamente la nueva administración federal tendrá importantes retos, para mejorar la seguridad pública, con mayor eficiencia en la procuración y aplicación de la justicia equitativa sin discriminación o influencia indebida por actores con poder.
Porque mantener un Estado de Derecho débil o manipulable se convierte en un pesado lastre para aplicar la ley.
Pero se convierte más pesado en el lado económico, porque las inversiones no son tan fluidas como en años anteriores, y los recursos al interior del país disminuyen, provocando enormes adecuaciones en el presupuesto federal que implica en un desarrollo lento y con menor beneficio para los que menos tienen.