Ahora sí nos debe quedar muy claro, tenemos a un Ejecutivo Federal que no vela por los mexicanos, que ha traicionado su protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución, tenemos a un presidente de la República que nos debe dar vergüenza, que es un auténtico peligro para México.
Nuestras autoridades federales han hecho caso omiso de la petición de la presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Ministra Norma Piña Hernández, de proporcionar protección a la sede del Poder Judicial de la Federación, cuando dicho poder es una parte integrante del gobierno que es una de los cuatro pilares que integran al Estado mexicano: pueblo, territorio, gobierno y Estado de Derecho.
En efecto, el gobierno está dividido en tres poderes: el Ejecutivo, integrado exclusivamente por el presidente de la República, quien se ve acompañado por la administración pública federal, que son más o menos 117 dependencias gubernamentales (y no como lo interpreta la ignorante plagiaria Yazmín Esquivel, como que solito el presidente de la República le deben de aplicar los mandatos de la Corte y no a sus dependencias).
Estos tres poderes no son organismos constitucionalmente autónomos, son más que eso; son parte integrante del gobierno, independientes uno del otro, que, con el mandato del pueblo, según la Constitución, ejercen en conjunto la soberanía nacional que es detentada por la Constitución porque así lo dispuso el pueblo, quien detenta la soberanía original.
De los tres poderes con los que se constituye el gobierno, la última instancia reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo dispones la Constitución.
Así, si tenemos a un presidente de la República atacando en sus mañaneras a la Suprema Corte, diciendo que sus integrantes son corruptos y que abogan por los enemigos del pueblo; ello es un total menosprecio por la estructura republicana de nuestro Estado mexicano que establece la división de poderes. El presidente está rompiendo el orden constitucional, por lo que ataca a la estructura misma del Estado mexicano, atentando en contra de la soberanía del pueblo que reside en la Constitución.
Tenemos, por desgracia, a un presidente que azuza a sus seguidores fanáticos que son pagados ilegalmente con dinero del poder Ejecutivo o de los Ejecutivos de las entidades federativas, exhibiendo frente al edificio de la Suprema Corte un féretro con la imagen de la Ministra Peña, para atacar a los integrantes del poder que detenta la última instancia en las determinaciones sobre la legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo.
Ahora más, el presidente de México ha dado muestras claras de que su autoritarismo y falta de respeto por el Estado de Derecho que prevalecerá durante toda su administración, al intervenir ilegalmente y sin guardar los ordenamientos de las leyes, a Ferrosur, compañía privada concesionaria de vías de ferrocarril y del servicio público correspondiente, al ordenar una “ocupación temporal” de sus instalaciones por fuerzas de la Marina Nacional, sin ninguna necesidad de hacer esto porque tenía acceso a dichas vías a través de contratos de servicio con Ferrosur.
Pero el espíritu dictatorial del presidente fue más fuerte que el de tener la visión y prudencia de, simplemente, contratar los servicios a un privado. Pero no, como es eso posible si el gobierno, a través de acciones del Ejecutivo Federal, puede mejor apoderarse por completo de la infraestructura invertida por un concesionario y tener el control absoluto de todo ello, aunque cueste más caro.
Lo malo del asunto de estas acciones con Ferromex es que, de nueva cuenta se van a topar con el Poder Judicial Federal que invalidará de cuajo las acciones ilegales del gobierno, para darle pie al presidente de despotricar de nueva cuenta, de que el Poder Judicial es corrupto y que defiende a los oligarcas mexicanos que se coluden para darle al presidente un “golpe de Estado”.
Es claro que la conversación del “golpismo” la trae López desde principios de su sexenio porque será pretexto para que él lo haga antes, “para bien del pueblo bueno y sabio”.
Debemos estar atentos y vigilantes para defender a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el último bastión de la libertad y del Estado de Derecho para la protección del pueblo y nuestras libertades.