La decisión de la UNAM de aplicar un “examen de control presencial” para ingresar a su licenciatura puede ser técnicamente correcta, pero es moralmente injusta.
Porque lastima a miles de jóvenes que sí estudiaron, que sí hicieron las cosas bien y que aprobaron limpiamente la primera evaluación de la Universidad Nacional. El problema no es volver a presentar un examen. El problema es trasladarles el costo de un error institucional que no cometieron.
Y la disculpa ofrecida por el rector Leonardo Lomelí —que carece de autocrítica— no alcanza a cerrar la herida de legitimidad que abrió la fallida decisión de confiar exclusivamente en un algoritmo para supervisar el pasado examen totalmente en línea.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién debe asumir las consecuencias cuando una institución se equivoca? Porque el próximo examen ya no debería ser para los aspirantes. Debería ser para quienes dirigen la Universidad Nacional Autónoma de México.
Como se dice coloquialmente, ya rodó una cabeza por la crisis institucional que originó el fallido examen de admisión en línea, proceso en el que se detectó que los tramposos utilizaron teléfonos celulares e incluso recurrieron a la suplantación de identidad.
Oficialmente se informó el viernes 31 de julio –el mismo día en que se anunció el “examen de control”-, que Patricia Dávila renunció a la Secretaría General de la UNAM.
Se trata de una de las dependencias más importantes de apoyo directo a la Rectoría y de la que depende, entre otras áreas, la Administración Escolar, responsable de operar el concurso de selección de nuevo ingreso.
Sin embargo, en distintos sectores de la comunidad universitaria se interpretó la salida de Patricia Dávila como una consecuencia directa de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión.
¿Y una renuncia o destitución será suficiente? Hay quienes opinan que no. Porque el tema no se agota solo con limpiar a la cúpula universitaria ante la crisis de legitimidad.
Hoy se requiere también una explicación detallada de la directiva universitaria sobre el proceso mediante el cual se contrató a la empresa privada Territorium Life, responsable de la aplicación en línea del examen.
La UNAM no llevó a cabo un proceso de licitación. Optó por la adjudicación directa y esa decisión también merece una explicación pública: ¿por qué contrató directamente y pagando más?
Sobre todo porque tampoco puede sostenerse que esa decisión representó un ahorro para la Universidad.
Las cifras difundidas públicamente indican que la Universidad Nacional pagó 101 millones de pesos a Territorium Life para aplicar el examen, mientras que en 2025 la evaluación presencial costó 49 millones de pesos. Es decir, el costo prácticamente se duplicó.
Por eso no basta una disculpa del rector Lomelí, un nuevo examen o seguir culpando a la Inteligencia Artificial. La IA no eligió a la empresa, el formato del examen, los protocolos de seguridad ni la inscripción de los aspirantes.
Lo que falló fue confiarle demasiado a la IA, demasiado pronto y sin una amplia red de seguridad humana. Como si no hubiera maestros, personal administrativo y de seguridad en la Universidad. ¡Caray!
Nuestra Universidad no merece estar bajo sospecha, aunque el daño más profundo lo están pagando quienes cumplieron con las reglas y se ganaron un lugar para continuar con su formación profesional.
Ahí está el verdadero giro del trompo: quienes hicieron las cosas bien ahora tienen que volver a examinarse, con lágrimas, incertidumbre y la sensación de que su esfuerzo no bastó porque otros hicieron trampa.
Y eso, más allá de cualquier algoritmo o examen de control, es una responsabilidad que las autoridades de la UNAM no pueden minimizar.
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