Los altos niveles de contagio de covid, ahora en la cepa Delta, que lamentablemente esta predominando en el país, nos acerca cada día a volver a un confinamiento y por supuesto a tomar medidas de cierre de sectores productivos.
Esto pondría a prueba la fortaleza de nuestra economía como nación, y de las familias que han buscado por diversas formas, encontrar la solución en obtener ingresos y poder sobrevivir a la crisis.
El incremento de contagios también pone a prueba al sistema de salud nacional y sobre todo a la estrategia de vacunación que deberá cumplir a más tardar en el mes de octubre con el 70 por ciento de la población total vacunada y con ello, por lo menos tener un elemento de defensa que evite un mayor número de decesos por el virus.
En términos económicos, muchos analistas han manifestado que también podremos observar si el crecimiento esperado para este año, como consecuencia del rebote mundial de la economía, se podrá alcanzar en términos de 5.8 por ciento, pero adelantan que de haber un cierre de sectores productivos no solo no alcanzaríamos los niveles de recuperación, sino tendríamos una contracción de entre 2 y 3 por ciento, que se sumaría al 8.3 por ciento del 2020
Entonces el resultado de los tres primeros años de la presente administración totalmente negativa. Nuestra economía no alcanzó el crecimiento económico prometido y si en cambio un promedio de caída del 4 por ciento anual, con bastante diferencia a los crecimientos del 2 por ciento obtenidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Esto tendría que poner a trabajar al gobierno federal para establecer políticas públicas a favor de fomentar el fortalecimiento de los sectores productivos y dar certidumbre a capitales privados de establecerse en nuestro país.
Para ello, es necesario presentar una reforma hacendaria, donde se incluyan estrategias que implique una mayor integración de contribuyentes a favor de obtener recursos favorables para aplicar en los sectores productivos.
Sin embargo, y por adelantado conocemos que el gobierno actual no entrara a discutir una reforma hacendaria, porque no existen las condiciones para llevarla a cabo.
Mientras que no haya creación de empleos formales y se regule todo tipo de trabajo, solo seguiremos viendo que una pequeña parte de la población será la que siga aportando esos recursos, vía impuestos, para que el gobierno federal los destine a programas sociales con el objetivo de mantener su popularidad electoral con miras al 2024
Porque la reforma hacendaria implica también el diseño no solo de la repartición de recursos entre las entidades federativas, si no una mayor participación de los estados y municipios en recaudación, pero como esto es un trabajo que trae más descontento que participación de la gente, no la veremos este año y posiblemente en el resto de la presente administración.
Antes de ganar la presidencia, López Obrador adelantó que habría una reforma fiscal a la mitad de su gobierno, basado en el mundo imaginario de la 4T, donde a estas alturas los mexicanos tendríamos crecimientos de entre el 4 y 5 por ciento anual, habría muchos empleos y mejores remunerados. La felicidad de todos sería algo que nos invitaría a pagar los impuestos suficientes y necesarios para crear grandes bolsas de dinero a favor de los grupos vulnerables y los más pobres.
La realidad ha sido distinta estamos estancados en una crisis que se derivó de una pandemia mundial, pero también de una estrategia económica que no fortaleció a los sectores productivos y arrastró a muchas empresas al cierre de sus puertas y lanzar a millones de mexicanos a la pobreza.
Todos los que no tiene un empleo remunerado salieron a las calles a conseguir esos ingresos perdidos y se fomentó la informalidad, hecho que ha rebasado a las autoridades y ahora bajo al amparo de las mismas autoridades la informalidad se ha multiplicado en millones que serán difíciles de regular, creando con ello un boquete en las finanzas públicas, porque la gente seguirá demandando servicios públicos eficientes y baratos, pero no habrá mayor recaudación.
Y es un hecho que el crecimiento exponencial del gasto clientelar del actual gobierno habrá de provocar presiones en el gasto público que requerirán o más ingresos o recortes presupuestales adicionales.
Además, hay una serie de compromisos de gasto, no sólo el servicio de la creciente deuda pública que sigue aumentando, aunque desde las mañaneras digan lo contrario. También hay una serie de pasivos, como las pensiones o la bomba de tiempo financiera que es Pemex, que van a presionar las finanzas públicas.
López Obrador tiene la capacidad de vender la idea de que no suben las gasolinas, a pesar de que sus precios están en máximos históricos, y la opinión pública lo compra.
En fin, en lo que resta del sexenio será casi imposible llevar a cabo una reforma fiscal que pudiera beneficiar las finanzas, pero hasta ahora esta posibilidad ha sido descalificada por el propio López Obrador, lo que nos condena a seguir viviendo de la imaginación de que alguna vez alcanzaremos el verdadero cambio a favor de todos, en un México creciente que demuestre que las riquezas naturales y productivas sirven para tener una mejor calidad de vida y no la zozobra de una crisis.