Plantea que los antecedentes por violencia de género sean una causal para negar el otorgamiento de la licencia de portación de armas
Las y los diputados federales del PRD presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el fin de regular las licencias de portación de armas para evitar que personas civiles o funcionarios públicos acusados por violencia de género o intrafamiliar accedan a ellas.
Expresaron que, ante las alertas de violencia de género hacia las mujeres declaradas en varios estados y municipios de la República Mexicana, es urgente e indispensable replantear las políticas de portación de armas para los particulares, los requisitos para las licencias colectivas y las políticas para otorgar armas a los integrantes de las dependencias e instituciones públicas.
Destacaron que, para fundar su propuesta, los casos de agresiones a niñas, adolescentes y mujeres por parte de policías, soldados y representantes de las dependencias gubernamentales, son cada cada día son más frecuentes.
Señalaron que México es de los 25 países más peligrosos y mortíferos para las mujeres. Citaron un informe de ONU-Mujeres de acuerdo con el cual al menos 6 de cada 10 mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, el 41.3 % ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 son asesinadas cada día.
Además, según datos oficiales, 70% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia de género y, en el caso de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia informó que 11 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han sido vinculados a proceso por agresiones sexuales contra ellas.
Mencionaron al respecto las presuntas agresiones sexuales sufridas por una adolescente a manos de cuatro policías, misas que, de confirmarse, serán otro caso más de la inaceptable y deleznable violencia feminicida en el país.
En ese sentido, la bancada amarilla propuso que los antecedentes por violencia de género sean una causal para negar la licencia para portación de armas, de manera individual o colectiva, o para su cancelación.
En su iniciativa de reforma al artículo 26 de la citada ley plantean que las licencias de portación de armas no podrán ser expedidas cuando el solicitante haya sido condenado por los delitos de violencia de género o intrafamiliar y en cuanto al artículo 28 proponen que los servidores públicos que residan en otro país deberán presentar una constancia expedida por el gobierno respectivo de que no han sido condenados por delitos relacionados con violencia de género.
Además, podrá cancelarse la licencia de portación de armas cuando el titular del permiso se encuentre bajo investigación por violencia de género o intrafamiliar. A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional dictará una suspensión precautoria, misma que deberá ser ratificada.
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que en nuestro país existen 18 mil 112 armas adquiridas por las Fuerzas Armadas, 228 mil 391 por los Gobiernos de los estados, 76 mil 820 por dependencias, 113 mil 74 por personas físicas y 32 mil 340 por personas morales.
En total son 468 mil 737 armas de fuego ingresadas legalmente a nuestro país entre 2009 y 2019. En relación con el tráfico ilegal, la situación es todavía más alarmante dado que se estiman más de dos millones de armas ingresadas.
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitó que no se deje de lado la protección a los derechos de las mujeres ante la crisis sanitaria y económica que vive el país, pues es obligación de los legisladores trabajar para que en todo momento se respeten los derechos de las y los mexicanos.