MIGUEL GAYTAN, CECILIA HDEZ. Y ADRIAN NORIEGA R.-
Lo anterior mediante la modificación a los artículos 109 y 116 de la Constitución Política; cambios que a decir de la legisladora priista, Carolina Monroy del Mazo coadyuvaran a devolver el decoro y trabajo serio a los representantes populares federales.
Durante la exposición de motivos, la mexiquense recordó hechos lamentables que se han suscitado en los recintos parlamentarios del país.
“La sociedad mexicana está cansada de ver imágenes de sus representantes populares insultándose o como en este caso, ignorando la ponencia o mofándose de sus correligionarios o durmiendo en el Pleno camaral o lo que es peor, en estado de ebriedad, amedrentando en la calle a policías o haciendo ostentación del cargo o liándose a golpes entre las curules”, citó.
Recordó así mismo como en aras de una malentendida libertad de expresión, hasta el recinto legislativo de San Lázaro han ingresado a caballo, a golpes o destruyendo el patrimonio de los mexicanos, diversos personajes y grupos auspiciados por los propios representantes populares.
Refrendó que el fuero protege la inviolabilidad de la libertad de expresión de quienes lo ostentan pero dejó en claro que otra cosa muy distinta es pretender cometer todo tipo de tropelías enarbolando esa bandera.
Esta iniciativa, dijo “se inscribe en la impostergable necesidad de ser dignos depositarios del mandato que hemos recibido”. Al tiempo que les invito “nos encontramos en un momento histórico crucial para establecer las bases constitucionales que hacen falta para subsanar las lagunas constitucionales en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo, incluidos los de elección popular…
“Esta circunstancia a merita una revisión a fondo y conlleva un compromiso de nuestra parte para sentar estas bases constitucionales que permitan dar paso a una legislación secundaria que establezca, con toda claridad, las particularidades que en materia de responsabilidades administrativas deben observarse tratándose de los servidores públicos del Poder Legislativo”.
Sobre sanciones para los representantes populares, destacó que éstas podrían ir desde la destitución hasta la inhabilitación. La Iniciativa de la diputada priista se turnó a la Comisión de puntos Constitucionales para su dictamen. Estima la mexiquense que el próximo jueves se este votando ante el Pleno.
En torno a este asunto, el líder parlamentario de Encuentro Social, Alejandro González Murillo, dijo que su fracción está de acuerdo en dignificar el trabajo y responsabilidad de los diputados federales.
“Siempre lo que sea para mejorar, para un mejor comportamiento, para mayor armonía, para mayor respeto, siempre lo va apoyar encuentro social. Yo creo que si hay actitudes que puede llegar a perjudicar el sentir de otras personas; y mientras sea para mejorar, que sea un beneficio no solo para unos cuantos sino para todos, siempre estará a favor Encuentro Social”.
El legislador hidalguense destaco que si bien el Código de Ética seria un ejemplo para otros órganos, subrayó “como representantes de la sociedad, pues tenemos un conocimiento de respeto, tenemos valores, tenemos cultura como para que estemos dependiendo de esto, pero si abona hay que darle para adelante. Al 100 por ciento”.
También el diputado federal de Acción Nacional, Jorge Triana presentó iniciativa al respecto y coincidió en la priista “la ciudadanía cada vez otorga las más bajas calificaciones al desempeño de los funcionarios públicos. Es en este sentido que el establecimiento de catálogos deontológicos en el cumplimiento de acciones ya no es una opción de manera graciosa que debe atender el gobernante o legislador en turno, a manera de concesión o favor al ciudadano. Hoy el cumplimiento de la ética es una condición indispensable si lo que pretendemos es la recuperación de la confianza ciudadana hacia la institución a la que representamos y hacia la política y a nuestro país en lo general”.
Por lo que, reiteró “una clave para la subsistencia de la democracia y que entra en la decadencia y convoca los tambores de autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, es a que los tres órdenes de gobierno, pero en especial el Poder Legislativo, se les exija una condición y al mismo tiempo calidad, acreditar sus eficacias y su legitimidad…
“Por ello, la ética de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático. Y en consecuencia, resulta trascendente que el Congreso mexicano cuente con un código de ética que oriente el desempeño de sus servidores públicos que forman parte de él para el beneficio de la sociedad. Entonces el objetivo es conformar un referente deontológico a través del cual no solo se guie la conducta de los legisladores sino que además sea una herramienta básica para la reflexión y el debate acerca de la ética legislativa”.