Ahora que ha regresado AMLO de su viaje de Washington, ya sabemos que los presidentes son muy amigos, pero nosotros permanecemos en la realidad, por lo que debemos de repasar lo que tenemos y AMLO quiere destruir.
El Pacto por México, generó las reformas estructurales hechas por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. El nuevo gobierno las ataca de una forma inmisericorde. Con retórica ideológica AMLO dice que las reformas causaron a México grandes males, pero la mayoría de ellas pusieron al país a niveles más avanzados del mundo en regulación y estructura económica.
Ahora quiero referirme a la reforma eléctrica que permitió abaratar grandemente los costos de generación de electricidad, haciendo que múltiples empresas recuperaran sus niveles de competitividad para su crecimiento y prosperidad.
Para analizar este tema, es menester tener en cuenta los mejores ejemplos de la economía mundial.
Deepak Lal (RIP), economista de la India, académico de la Universidad de California en Los Ángeles, quien es uno de los mejores que ha escrito sobre la cuestión de liberalización de los mercados, mencionó en su obra, From Planning to Regulation: Toward a New Dirigisme? , que en materia de electricidad no es necesario que el gobierno tome parte en la producción, transmisión, y distribución de electricidad.
La teoría tradicional intervencionista ha sido que el libre mercado no funciona en los llamados “monopolios naturales”, porque los mismos crean concentraciones. Lal, basándose en la teoría de Adam Smith, argumenta que no existe ninguna razón económica por la cual el gobierno debe ser el rector de la electricidad, en contra de la doctrina que dicta que el mercado de electricidad es un monopolio natural, por lo que se justifica que una sola empresa deba operar.
Para Lal el rol del gobierno en estas áreas de la economía debe ser mínimo, poniendo únicamente las reglas del juego.
Así, con la reforma energética en electricidad, se le quitó a la CFE el monopolio en la generación de energía eléctrica para grandes consumidores y para generadores de electricidad distribuida (principalmente la energía fotovoltaica para consumo particular o del propio negocio), aunque se mantuvo el mismo en los mercados del público en general, así como en la transmisión y distribución de electricidad, pero se le quitó el manejo y administración, dándoselo al CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), para garantizar el acceso libre y no discriminatorio de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.
Pero ahora, el presidente, a través de políticas públicas ilegales e inconstitucionales, ha venido realizando acciones tendientes a que la CFE recupere el monopolio absoluto de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica del país, cancelando las subastas de generadores privados de energías renovables, so pretexto de la seguridad y confiabilidad de la red de transmisión, así como los contratos de suministro de gas natural para generadores privados, y promoviendo la utilización de combustóleo y carbón para las termoeléctricas, en violación a lo que dispone la Ley de Transición Energética y los tratados internacionales en materia de cambio climático.
Por fortuna, el Poder Judicial está deteniendo estas políticas que atentan contra el Estado de Derecho.
Con más inversión privada en electricidad el gobierno puede aplicar recursos fiscales a generar bien común a los mexicanos o invertirlos en áreas no rentables para la iniciativa privada, para dar servicios esenciales para la población como los de agua, gas y electricidad. Ello sí fortalece a la Nación. Con la incertidumbre que genera el presidente no solamente en este sector se desincentiva la inversión, perdiéndose la competitividad del país y el bienestar para la población. No queremos regresar a las épocas de grandes burocracias y sindicatos poderosos en los monopolios del gobierno, en detrimento del pueblo.
Ojalá, Trump le haya puesto freno a AMLO en esto.
Con la colaboración de Miguel Ángel Cervantes.