Por Miguel Gaytán.- Es imperativo fortalecer el marco normativo para frenar la violencia política contra la mujer, advirtió Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, Directora General de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Uno de los problemas que ternemos es que todavía no se ha fortalecido el marco jurídico, es decir, a nivel federal todavía está pendiente que se apruebe y que se tipifique la violencia política, esta se aprobó en el Senado, pero falta que se apruebe en la Cámara de Diputados”, subrayó.
En el marco de la conferencia “Diagnóstico de Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los Cargos de elección Popular en México”, a la que convocó la CNDH, se planteó que la demanda de igualdad de género en este campo continúa vigente pues subsisten barreras de hecho y de derecho que limitan el ejercicio de una ciudadanía plena.
“Se reconocen distintos campos de acción del Estado para garantizar y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos, sin embargo la discriminación por género, condición social, origen étnico, edad, entre otros, trazan escenarios preocupantes que ponen en tensión los elementos básicos de la democracia, por ejemplo, no se cuenta aún con un ordenamiento legal especifico a nivel federal que prevenga, atienda, sancione y erradique la violencia política”, afirmó.
En este orden de ideas, la funcionaria puso de relieve que más allá de la presencia de un evidente componente cultural que restringe la participación de la mujer al puro ámbito doméstico sin considerarle mayores capacidades y talentos, existe una violencia de género directamente proporcional a su involucramiento en actividades político electorales.
“Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un desafío para las elecciones del 2018, porque lo que sí es claro es que entre más mujeres compitan y contiendan en las próximas elecciones, más casos de violencia política vamos a tener”, destacó.
A manera de ejemplo, la funcionaria de la CNDH, citó los casos de Chiapas y Oaxaca, donde la violencia hacia la mujer pareciera se ejerce de manera tan cruda que pareciera tener como finalidad deliberada inhibir su participación en los procesos político-electorales.
Apuntó que no obstante que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia alude a diferentes modalidades de violencia, solo en 17 entidades del país se encuentra regulada; únicamente 10 prevén la violencia política hacia la mujer como una modalidad o variante y solamente en las legislaciones del Estado de México y de Oaxaca se encuentra tipificada como delito.
De ahí, su insistencia en la falta de una regulación clara no solo sobre la tipificación o descripción precisa del acto u omisión que constituya el delito, sino también la penalidad o sanciones que en los diversos supuestos deban ser aplicadas a los partidos y autores materiales del delito.
Refirió que incluso en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales existen más de 400 denuncias, pero “la cuestión es qué las mujeres todavía no tienen una herramienta clara de que hacer frente a la violencia política”.
Tras un monitoreo sobre el cumplimiento del marco normativo relacionado con la participación equilibrada de hombres y mujeres en los procedimientos de elección popular, Guadalupe Conde Rodríguez puso de relieve que luego de una larga lucha por la defensa de los derechos políticos de las mujeres, el reto para alcanzar este equilibrio subsiste, dicho que sustentó con datos duros.
“En el Senado de la República actualmente se cuenta con un 38.2 por ciento de mujeres; en la Cámara de Diputados se observa un 42.6 por ciento de presencia femenina; en 5 entidades del país el número de mujeres sobrepasa el 50 por ciento del total de las curules: Chiapas con un 60 por ciento; Campeche, 54.2 por ciento; Zacatecas, con un 53.3 por ciento; Querétaro, con un 52 por ciento, y Chihuahua, con un 51.5 por ciento”, subrayó
Conde Rodríguez Lamentó que la armonización de la legislación nacional con la regulación internacional en este rubro aun cuando podría concretarse durante el presente periodo ordinario de sesiones, ya no será factible su aplicación durante el proceso electoral que se avecina el año entrante.