Cuando el piso está cacarizo no hay trompo que resista. Rebota, brinca y se le para el baile porque se encuentra en un entorno inestable, sí, igualito al escenario que México vive.
En el arranque del 2026 –como lo advertimos- son muchos los trompos que se han lanzado y varias las pirinolas que, cuando se detienen, su cara indica que todos ponen.
Y ahí está, inevitable, el tema económico. El aumento de precios golpea los bolsillos y la inflación a los consumidores empezó el año acelerándose; se ubicó en 3.77% en la primera quincena de enero, según un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Inegi difundió otro informe que ratifica lo que se percibe: que la inseguridad sigue siendo “el rey” de los riesgos económicos, políticos y sociales.
Que ahuyenta la inversión, propicia un crecimiento económico pobre, que incide en las relaciones bilaterales con los socios comerciales y que nos hace vivir con miedo.
Así vivimos: con miedo. Lea. Una encuesta levantada en diciembre de 2025, el Instituto indica que 63.8 % de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.
Las áreas urbanas donde se percibe mayor inseguridad son: Uruapan, Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec de Morelos e Irapuato.
En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de población con percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Nuevo León; Alcaldía Benito Juárez; Piedras Negras, Coahuila; Los Mochis, Sinaloa y San Nicolás de los Garza.
En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 72.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9 % en la calle; 64.9 % en el transporte público y 58.9 % en la carretera.
Versiones encontradas
Los datos del Inegi contrastan con la narrativa oficialista que trata de posicionar una percepción de que la inseguridad y los delitos están bajando por la estrategia gubernamental.
Pero la realidad se impone y se contamina con mensajes encontrados sobre las acciones de gobierno en el combate a la inseguridad y al crimen organizado, tema en el que presiona con fuerza el gobierno de Estados Unidos.
Son visibles las acciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum lleva a cabo, pero hay un problema de comunicación, una grieta en la propaganda gubernamental que no solo confunde, si no que exhibe un conflicto interno en Palacio Nacional entre lo que se hace y se dice.
Son varios giros. Uno de ellos, el más reciente, tiene que ver con las versiones encontradas sobre la detención de Ryan Wedding, el llamado “Chapo Canadiense”.
Pasó de ser un atleta y medallista olímpico a uno de los 10 criminales más buscados por Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) ofreció hasta 15 millones de dólares por su “cabeza” y, créame, hay quienes ya quieren llevar su historia a las plataformas digitales.
Wedding está vinculado a El Cártel de Sinaloa. Se encontraba refugiado en la Ciudad de México y, según la versión del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se entregó solo en la Embajada de Estados Unidos la noche del jueves 22 de enero.
Pero Pam Bondi, Fiscal general del vecino país, aseguró que bajo sus órdenes agentes del FBI detuvieron al exsnowboarder olímpico convertido en capo. Y, junto con Kash Patel, director del FBI que se encontraba en México, presumieron la detención y extradición inmediata.
Y se vino el relajo y la polémica. ¿Fue México el que lo agarró o los gringos lo cazaron aquí? ¿Dónde quedó la soberanía que tanto defiende la presidenta? ¿Pues no que no operaban agentes extranjeros en México?
Por las declaraciones de los estadounidenses hubo reclamos del gobierno de México. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, tuvo que salir a redes sociales a emitir un mansaje en el que expresó que el ex atleta se entregó solo y agradeció la estrecha colaboración de las autoridades mexicanas.
Otras versiones encontradas se dieron con el caso del Avión militar Hércules de EU que aterrizó el sábado 17 en el aeropuerto de Toluca.
Para la presidenta Sheinbaum no era necesaria la autorización del Senado, pero ya existía un dictamen en la Cámara Alta sobre el arribo del avión, pero su aprobación se frenó porque, seguramente, alguien en el oficialismo lo recomendó como una protesta por la extracción del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
En el tema del avión hubo mucha cuerda por las diversas versiones que ofreció la presidenta Sheinbaum y que han dado pie a otra pregunta: ¿quién la asesora?
Las malas lenguas dicen que un “pajarito” que es el portavoz de AMLO directamente en la Coordinación de Asesores de Presidencia.
Marina debe renunciar
Otra mandataria, pero en el ámbito estatal, a la que se le complica la narrativa es la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. ¿De verdad no sabía en lo que está metido su ahora ex esposo Carlos Torres Torres?
En mayo de 2025 trascendió que el gobierno de Estados Unidos había retirado la visa a Marina y a Carlos. Dijeron que era por una cuestión administrativa, pero trascendió que su entonces marido tenía presuntos vínculos con grupos criminales.
Carlos renunció al cargo de Coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos. Después, presionada por la polémica generada por el caso de las visas y el impacto que Morena podría tener en las preferencias electorales en la frontera, la gobernadora decidió poner distancia y anunció en octubre que estaba en proceso de divorcio.
Dijo que Torres Torres “era un gran papá” y “un gran hombre”. Entonces no era un divorcio por cuestiones emocionales, si no por cuestiones políticas.
Hace unos días ella misma confirmó que su ex esposo es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, urgió a Marina del Pilar separarse de su cargo como gobernadora por razones de integridad pública.
Cherokees del Acordeón
Que escándalo se armó por la compra de nueve camionetas Cherokees blindadas de casi 3 millones de pesos para los ministros y ministras de la llamada “Corte del Acordeón”.
Sí, coincido: quienes ejercen un cargo de enorme responsabilidad y riesgo deben recibir la seguridad necesaria. Pero aquí hay un trompo que gira chueco.
Cuando andaban en campaña, los ministros y ministras de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su mayoría vinculados a Morena y al obradorato, se colgaron del mejor eslogan electoral que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador: la austeridad republicana.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ofreció para la SCJN austeridad, ahorro y reducción de gastos superfluos. Pero solo fue un discurso.
El periódico El Universal reveló que la Corte pagó al menos 1 millón 254 mil pesos por una “ceremonia de purificación” y “entrega de bastón de mando” para los ministros y ministras efectuada el pasado 1 de septiembre en el Zócalo de la CDMX.
A su vez, el portal de noticias La Silla Rota informó que la SCJN actualizó su sitio oficial retirando los detalles sobre los salarios y prestaciones de sus ministros, datos que antes estaban disponibles para consulta pública.
Y aunque la ministra Lenia Batres aclaró que ella no solicitó que le fuera elaborado un retrato vivo con un costo promedio de 40 mil pesos, la Corte reconoció que la obra sí fue adjudicada a una pintora, pero no la realizó ni se pagó el dinero.
Lo que más turbulencia ha provocado es la compra, por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, de 571 vehículos nuevos por un costo de 252 millones de pesos, incluidas las Cherokees blindadas para las y los Ministros del Pueblo, , según una nota informativa de la revista Proceso.
En el máximo tribunal se argumenta que se adquirieron de manera directa porque las anteriores camionetas eran obsoletas y habría un ahorro de mil millones de pesos.
En su cuenta de X, el usuario Libro Negro ha compartido una copia del acta correspondiente a la sesión del Comité de Adquisiciones en la que se autoriza particularmente la compra de las camionetas machuchonas que tanto odiaba AMLO y que, decía, “pena me daría subirme a una de ellas”.
Según el documento, el monto total de los vehículos con cualidades especiales de seguridad fue de 22 millones 112 mil 73 pesos más IVA. Cada uno habría costado un promedio de 2.8 millones de pesos.
Tal vez el ahorro, que planteó el ministro Aguilar, se logrará porque las camionetas traen placas de Morelos para no pagar la tenencia.
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