A decir del portavoz de la bancada guinda en San Lázaro, Arturo Ávila hay un mal entendimiento por parte de la oposición sobre la iniciativa que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional, así como las leyes secundarias que regulan su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Explicó que esta legislación pretende tener una policía civil adscrita a la Sedena y que tenga la posibilidad de aprovechar la infraestructura de esta institución y que cuente con una doctrina militar; es decir, un sistema de mandos, de antigüedad.
«Nuestros soldados, mexicanas y mexicanos dan la vida, los soldados son pueblo y la disciplina castrense genera gente de primera», manifestó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.
Cuestionado sobre si esta nueva Ley permitiría a la Sedena comprar armamento de vanguardia, Ávila Anaya dijo que la dependencia no tiene armamento obsoleto y cuenta con varios mecanismos para adquirir armas como su propia industria de fabricación de armas de primera generación, existe la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones y los inventarios del Ejército, que son funcionales y útiles.
«Así es que hoy se integra la Guardia Nacional como una comandancia más del Ejército y, en esa lógica, la coordinación recae sobre la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, por cierto, está creando ya una policía de investigación. Entonces, habrá una complementariedad de la Guardia Nacional y esta policía», señaló.
Rechazó que se vaya a dar un «albazo» en la discusión y aprobación de estos marcos jurídicos; el proceso legislativo es legal y legítimo.
Por otra parte, negó que se haya visto involucrados en la venta de armas. «Cuando yo fui presidente de la empresa, se vendieron siempre vehículos militares fabricados en México para Ejércitos. Entonces, la calumnia, evidentemente cuando no mancha, tizna», aseveró.
Además, rechazó que él se pueda beneficiar de estas leyes para hacer negocios, toda vez que ya dejó la empresa y porque acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum evitar cualquier conflicto de interés para poder ejercer su cargo como legislador.