Las primeras advertencias las dio Joe Biden en 2023.
Durante su visita a México en enero de aquel año para una cumbre con Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, su equipo aportó los primeros nombres.
Luego insistió el embajador Ken Salazar, pero nada.
Después han venido varios funcionarios en la era Donald Trump, en especial la secretaria del Interior o Homeland Security, Kristi Noem, con mayor información.
Y por supuesto, con más nombres de funcionarios mexicanos conspicuos por relaciones sospechosas con el crimen y actividades punibles bajo la legislación estadounidense.
Por insistencia no ha parado Washington y hasta el mismo Trump reaccionó con la exigencia de investigar a los señalados cuando México le entregó 29 narcotraficantes el 28 de enero.
De nada ha servido.
Por eso ha decidido filtrar una parte del listado y proceder a través de sus distintas agencias con lo primero a la mano y de gran repercusión política, la cancelación de visas.
Los primeros afectados fueron la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres, cuyas labores oficiales y políticas no dejan duda… aunque se promueva como funcionario honorífico.
ATENTAS VISIVAS A 30
El operativo es mayúsculo.
Las autoridades de Seguridad Interior han confirmado la cancelación de cientos de visas a mexicanos, entre ellos al menos a 30 miembros de las administraciones federal, estatales y municipales.
Las identidades aportadas a medios informativos mexicanos hablan de al menos 44 personajes de todos los niveles gubernativos e inclusive dirigentes de partidos políticos.
Ninguna de ellas es ajena al gabinete de seguridad, donde participan Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
¿Por qué desestimó el gobierno mexicano de primero y segundo pisos los señalamientos y reclamos?
Difícil dar una respuesta cierta porque se ocultan datos hasta de la suspensión del visado a Marina del Pilar, Carlos Torres y al presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados.
Aquí se minimiza el hecho, Estados Unidos mantendrá su negativa a dar reportes como los solicita Palacio Nacional porque hay disposición legal de secrecía.
Ni Joe Biden respondió en el sexenio pasado a los reclamos de Andrés Manuel López Obrador cuando el supuesto secuestro de Ismael El Mayo Zambada por Joaquín Guzmán López, ni Donald Trump responderá al gobierno actual por lo de entonces y por lo de ahora.
Eso es ejercicio de soberanía y no arenga política.
DELITOS DE TODO TIPO
Como informamos ayer, la operación será dinámica.
Cada día habrá nuevas acciones de Estados Unidos para exhibir a México, como ha sido la negociación con la familia de Ovidio Guzmán López a cambio de protección y persecución contra otros capos del Cártel de Sinaloa.
Pero no nada más a México, sino a otras naciones porque, lo precisamos ayer, hay cruces de información entre distintas agencias y se revisa a miles y miles de personas de todo el mundo.
Ayer el escándalo era la eventual revocación de visados a Américo Villarreal y el gobierno dio vuelo a la versión con un dato confuso: «Es información no confirmada por ninguna autoridad».
Se indagan delitos de todo tipo, desde financieros hasta narcoterrorismo, tráfico de personas, comercio ilegal de hidrocarburos, envío de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, cuentas bancarias -otra vez Marina del Pilar y Carlos Torres-, ingresos ilegales a ese país y más antecedentes.
@urenajose1Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de LINEAPOLITICA